Varios indicadores en el descenso de la tasa de homicidios de Medellín, algunos de los cuales resaltan en las estadísticas de los últimos 30 años, son un motivo de alivio para las autoridades locales y nacionales y para los ciudadanos. Esos logros se deben destacar en sus justas medidas y proporciones, pero no se deben menospreciar.
Medellín paga un precio muy alto para reconstituir su convivencia y reconstruir su seguridad. Se trata de dos conceptos estrechamente interrelacionados: a mayor respeto y civilidad, menos amenazas a la vida, integridad y bienes de todos. Y a mayor seguridad en las calles, en la percepción y en la realidad, menos delitos, agresiones y homicidios. Avanzamos, paso a paso, en ambas direcciones.
La ciudad, según su secretario de Seguridad, Iván Darío Sánchez Hoyos, dispone de los recursos financieros y de la articulación interinstitucional (Gobierno, Fiscalía, Policía e incluso IV Brigada) para contener y reducir los asesinatos y la criminalidad. “Tenemos -asegura- un plan, una ruta y sabemos para dónde vamos”.
Y así también lo recalca el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, a quien el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acaba de reconfirmarle que se llegó a una tasa de homicidios por debajo del promedio nacional (28,5 casos por cada 100 mil habitantes).
No obstante, en el terreno de las críticas, están algunos organismos e investigadores, incluso informes de prensa, que han atribuido parte de la actual “pacificación de los barrios y las bandas” al influjo de pactos entre facciones ilegales. En esa medida, cuestionan la eficacia oficial y la fiabilidad del descenso sostenido de la violencia, porque no obedece a cambios estructurales sino a intereses coyunturales y transitorios, forzados por las cabezas del crimen organizado.
Pero resultaría injusto, en extremo, desconocer el esfuerzo que están haciendo las autoridades civiles y policiales, mediante el fortalecimiento del pie de fuerza y los cuadrantes (que deberán llegar a 500 a fin de año), y mediante otras estrategias operativas diseñadas atendiendo cuidadosamente las dinámicas de la criminalidad y la violencia urbanas.
Aunque la lucha contra la delincuencia y la violencia no se puede tasar y amarrar solo al número de policías, porque se entiende que se debe adelantar con planes integrales (de educación, de inversión social, de empleo y de cambio cultural), sí hay que observar que Medellín afrontaba un notorio rezago del pie de fuerza: hasta febrero contaba con 8.500 efectivos, y pasará gradualmente a 9.500, pero debería tener 10.500, en relación con su número de habitantes y con una criminalidad infortunadamente tan dinámica y mutante.
Con todo y esto, hay que destacar que en febrero, en relación con el mismo mes de 2013, Medellín pasó de 100 a 43 homicidios, el mes con el menor número de asesinatos en 30 años. Según Medicina Legal, enero y febrero sumaron 113 homicidios, 77 menos que en ese mismo bimestre de 2013: una reducción del 40.5 por ciento. Además, la ciudad acumula 13 días con cero homicidios en lo que va del año.
No se puede dar la espalda a estadísticas extraídas de la realidad. Hemos sido bastante exigentes frente al tema, y las cifras que entregan las autoridades locales y nacionales son concretas y dicientes. Las críticas y los problemas pueden convertirse en oportunidades, si hay verdadero liderazgo. Y a eso le apostamos: si Aníbal Gaviria y su gabinete mejoran la seguridad, Medellín y el país serán los directos beneficiarios.
No es por mejoras estructurales, es solo un pacto de bandas estratégico
Por Luis Guillermo Pardo Cardona
Ex asesor de Paz y Convivencia de Medellín, Director Corporación C3
El conflicto urbano no solo se puede medir en homicidios. Es un indicador, entre varios. Sobre todo porque el homicidio, en el caso de Medellín, está siendo manipulado por los victimarios. Combos de “la Oficina” y “los Urabeños” lograron un pacto de no agresión y reducción de asesinatos en la ciudad, desde 2013.
Esa es la causa fundamental de la disminución de la tasa de homicidios. Hay dos errores graves: un ministro de Defensa desinformado que desconoce la situación de violencia de Medellín, el poder territorial de bandas y combos, que manejan rentas ilegales (microtráfico, extorsión, fronteras invisibles y explotación sexual infantil). Por ejemplo, hay 42 “convivir” activas en la comuna 10 (Centro), que controlan rentas ilegales y vacunan al comercio formal.
El Estado debería aceptar ese “pacto” y redirigirlo al desmonte y sometimiento de esas organizaciones criminales, lo cual sería importante en la eventualidad de un posconflicto, en una ciudad a la que pueden llegar cientos de exguerrilleros con formación militar y revertir, para mal, la situación de seguridad de Medellín.
No hay cambios estructurales: de 16 comunas, en 14 hay control de más de 300 bandas y combos. Hay 12 mil hombres armados ilegales. Entonces es un error sobreestimar esa tasa de homicidios.
