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HISTÓRICO
PAZ Y JUSTICIA (1)
  • PAZ Y JUSTICIA (1) |
    PAZ Y JUSTICIA (1) |
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J. * | Publicado el 07 de noviembre de 2013

Obstáculos en el camino hacia la paz. La crisis conceptual e institucional en la justicia (1).

Presento disculpas al lector, pero lo que vamos a plantear hay que hacerlo con claridad, por su importancia para el país, para la democracia y especialmente para la efectividad de los acuerdos de paz. Ello aconseja que la reflexión se adelante en varias entregas.

La Auditora General investiga a la Contralora General de la República por supuesta malversación de fondos públicos por parte de quien es la máxima autoridad en materia de vigilancia del tesoro público. A su vez la Contralora acusa a la Auditora de actuar por fuera de sus competencias, ejerciendo una especie de persecución personal por animadversión.

La Fiscalía General de la Nación inspecciona las oficinas de la Contraloría, con el fin de desentrañar irregularidades en temas de contratación pública. La Contralora recusa y denuncia públicamente al Fiscal por considerar que aún después de haber asumido su cargo, continuó actuando como apoderado del grupo Salucoop.

El Procurador General de la Nación investiga y sanciona a funcionarios de elección ciudadana. Muchos de estos servidores públicos consideran que el jefe del Ministerio Público, responsable de la defensa de los derechos ciudadanos, con sus actuaciones incurre en graves violaciones de estos, por lo que consideran que deberían acudir ante instancias internacionales.

La Corte Constitucional produce una sentencia sobre pensiones, mediante un texto que parece desconocer importantes conceptos jurídicos, como el respeto a los derechos adquiridos. Atendiendo la decisión de la Corte, las autoridades de Colpensiones, sin mediar procedimiento administrativo alguno, recortan el monto de pensiones consolidadas con anterioridad al fallo, algunas de ellas reconocidas por sentencia judicial. Los afectados piensan acudir ante autoridades internacionales, aduciendo que no existe en Colombia instancia judicial alguna para sus requerimientos. No obstante, dos jueces a través de fallos de tutela desconocen lo decidido por la Corte y ordenan que a dos accionantes se les pague la pensión en sus montos iniciales.

La Corte Constitucional deja sin efecto una sentencia del Consejo de Estado. Este órgano discute sobre la posible nulidad de tal decisión y la opción de denunciar penalmente a los magistrados de la Corte. Ya un grupo de ciudadanos ha formulado denuncia penal, aduciendo que la Corte en ciertos fallos asume funciones constituyentes y legislativas.

Un magistrado del Consejo Superior es acusado de estar ejerciendo indebidamente su función. Las demás Cortes y la propia, solicitan a los órganos competentes la inmediata investigación, con las consecuencias a que haya lugar.

Once servidores de la justicia son objeto de medida de aseguramiento por un supuesto carrusel orientado a buscar acuerdos y favores con ciudadanos para el ejercicio de la función judicial. Y los casos podrían seguir. La congestión judicial, la mora en muchos procesos, el escándalo del proyecto de reforma a la justicia, la forma como las Cortes intervienen en procesos electorales propios y para otros cargos, etc. La pregunta: ¿En el postconflicto, es posible desarrollar acuerdos de paz con una justicia en estas condiciones?

*Expresidente del Consejo de Estado.