La Procuraduría General de la Nación sentó su posición frente a la elección de la Alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez y avaló la escogencia de la mandataria.
El proceso que se adelanta contra Pinedo Flórez fue sustentado en la presunta inhabilidad en la que incurrió al ser elegida como mandataria local mientras su esposo, Arturo Nicolás Zea Solano, se desempeñaba como Defensor del Pueblo Regional de Bolívar.
En la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar se estableció que existía ejercicio de autoridad civil y administrativa por parte del esposo de Pinedo Flórez.
Sin embargo, el Ministerio Público indicó que el Tribunal entendió de manera equivocada las funciones que tiene un defensor regional que no puede ejercer autoridad, ni administrativa, ni civil.
“En cabeza de las Defensorías Regionales no reposa la capacidad de nombrar, remover o trasladar a sus empleados, no manejan un presupuesto autónomo, no manejan caja menor, no tiene facultad de contratación y no tienen competencia para adelantar procesos disciplinarios frente a sus subalternos”, señala la Procuraduría.
Por esta razón, el Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado revocar la decisión que en primera instancia declaró la nulidad en la elección de la mandataria.
