Irrespeto a la independencia de las Cortes, puerta falsa a la segunda reelección, extralimitación de poderes o decisión apresurada...
Esas fueron algunas de las expresiones que se oyeron ayer luego de que el primer mandatario, Álvaro Uribe Vélez, anunciara su decisión de pedir al Congreso que convoque a un referendo para decidir si se repiten las elecciones presidenciales de 2006.
Entre los que consideran que una decisión jurídica se traspasó al terreno político está el presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, quien a pesar de hacer un llamado para que se bajen los ánimos, insistió en que se debe respetar la independencia de las Cortes.
"Es fundamental en un Estado Social de Derecho mantener la independencia y proteger a toda costa y en primer lugar las decisiones judiciales", aseguró el magistrado Gil Botero.
Este nuevo choque, advirtió, podría generar altos costos en lo político, lo jurídico y lo social, razón por la cual considera que es necesaria una concertación.
Choque de poderes
Las opiniones están divididas. De un lado están constitucionalistas como Jaime Castro, y el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quienes creen que la convocatoria al referendo es un "irrespeto" a una decisión judicial. Del otro, miembros del Gobierno, que consideran que la extralimitación provino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los primeros señalan que se ha dado un choque de poderes, porque una decisión judicial, como la sentencia contra Yidis Medina y la petición para que se investigue a algunos funcionarios del Gobierno, fue llevada por el Ejecutivo a un terreno político al convocar un referendo para legitimar una elección.
El traslado, explica Castro, se dio cuando el presidente Uribe rebotó al Congreso un tema que se debió quedar en las Cortes. Esta situación, considera Hernández, da lugar a una ruptura institucional al querer dar una respuesta política a una decisión judicial.
Por el lado del Gobierno, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, aseguró que la CSJ se está extralimitando en funciones al hablar de "desviación de poder" y pedir a la Corte Constitucional revisar - de nuevo- el acto legislativo que permitió la reelección presidencial.
Es más, planteó que como la Corte Constitucional no puede revisar sus propios fallos, el Consejo de Estado será el encargado de revisar el acto legislativo.
En este aspecto, Castro y Hernández señalan que la Corte Constitucional puede considerar el tema como una cosa juzgada y no hacer la revisión; revisarlo y conservar su posición o cambiarla.
"Hay unos nuevos elementos que se pueden analizar. Por eso la petición de la CSJ. Eso no quiere decir que se tenga que cambiar de posición", explicó Hernández.
Para el profesor de la Universidad Nacional, Darío Acevedo, la decisión de la Corte deja dudas, porque no se tuvieron en cuenta algunas acciones de la ex congresista (como la tentativa de extorsión denunciada por el Presidente), las declaraciones de algunos testigos que desmintieron las prebendas de las que ella habló y tampoco se permitió que las personas a quienes ella acusó pudieran enfrentarla en los estrados.
Otro punto de divergencia está en las motivaciones que estarían detrás de la propuesta de referendo.
El vocero de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, aseguró ayer que lo que se busca es validar las elecciones de 2006 que tuvieron origen en el acto legislativo que resulta controvertido por la participación de la ex congresista Medina.
Para Jaime Castro, podría dar lugar a que la reelección se cuele por la puerta de atrás. "El referendo saldría a mediados del año entrante a menos de un año de elecciones presidenciales. Eso prácticamente sería una puerta a la segunda reelección".
