El Gobierno tiene la decisión de incidir en la formalización del empleo, pues las cifras son dramáticas: 62 de cada 100 trabajadores colombianos viven del empleo informal. Esto es, en ausencia de protección social.
Un problema en muchos órdenes. Grave para los trabajadores porque les impide tener un proyecto de vida. En términos de economía, porque empleos precarios no jalonan la demanda interna. Y es una amenaza fiscal ya que el Estado tendrá que tenderles la mano en asuntos de pensiones y de salud.
El Gobierno ha hecho bien en priorizar el tema del empleo. Tiene intención de ponerle freno a la informalidad, que es sinónimo de ilegalidad, pero hace falta una política clara de formalización.
La informalidad tiene muchas facetas. Informales son unos 13 millones de colombianos. 7 u 8 trabajan por cuenta propia y hay otros 5 millones que tienen relaciones precarias ilegales con la industria, el comercio y los servicios, en un mar de flexibilidad. Y hacia allí tiene que estar dirigida una parte de esa política.
El Gobierno acierta en el diagnóstico, pero yerra en el alcance de sus medidas para cumplir con el pacto de la OIT sobre trabajo decente. Y este tiene que ser un propósito nacional para no continuar en esta carrera hacia el abismo, de la mano de la precarización laboral.
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