La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a tres funcionarias del Distrito capital por la contratación de la polémica máquina tapa huecos.
Se trata de María Gilma Gómez Sánchez, directora general de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá; María Constanza Aguja Zamora, en secretaria general de la entidad; y Olga Patricia Mendoza Navarro, entonces jefe de la oficina asesora jurídica de esa unidad.
De acuerdo con la citada investigación, el 26 de diciembre de 2013 se suscribió de manera directa el contrato de ciencia y tecnología para “aplicar la tecnología de parcheo por inyección a presión neumática para acciones de movilidad en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C.”.
Dicho contrato se realizó de manera directa porque se concibió bajo la modalidad de ciencia y tecnología. No obstante, para la Procuraduría, “se evidencia por ahora que por la naturaleza del mismo, las obligaciones estipuladas allí y la carta de presentación de la propuesta que integra el contrato, se trataba de un típico contrato de obra y requería inminentemente de un proceso de licitación pública”.
El pliego de cargos señala que Mendoza Navarro, jefe de la oficina jurídica para ese momento habría suscrito irregularmente, el 26 de diciembre de 2013, los estudios previos de la contratación directa, proyectando al día siguiente el acto administrativo de justificación de la contratación de ciencia y tecnología.
De otra parte, la Procuraduría investiga a Gómez Sánchez porque suscribió directamente el citado contrato, sin verificar previamente la evaluación efectuada, pues al parecer el proponente no cumplió con la experiencia específica exigida.
Los cargos también van dirigidos a Aguja Zamora, quien presuntamente aprobó en forma irregular la suscripción del contrato de ciencia y tecnología y a Mendoza Navarro, quien revisó dicho contrato.
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