El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó a Transmilenio S.A. la revocación de la apertura de la licitación pública que tiene como objetivo la selección del Concesionario que operará el Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información (Sirci) del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D. C. (Sitp).
La recomendación se debe a que el Ministerio Público consideró que existen aspectos legales trascendentales del proceso licitatorio, y otros con incidencia para el funcionamiento del Sistema Integrado de Recaudo, considerando el impacto directo de este componente en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
Esta decisión se tomó luego de la revisión de los contratos vigentes de recaudo y la realización de visitas administrativas, reuniones con el equipo de trabajo de la Alcaldía Mayor de Bogotá al igual que con funcionarios de Transmilenio S.A., la Sitp y la Secretaría de Movilidad. Igualmente se verificaron los documentos expedidos en el trámite de la convocatoria, frente a las normas y principios que rigen la Contratación Estatal.
Sobre el tema Ordóñez Maldonado señaló "es necesaria la revisión de los documentos de estudios previos de la contratación, como las condiciones técnicas, económicas y jurídicas del proyecto".
Además de la verificación del cronograma de planeación que tiene la elección del Concesionario y las etapas de desarrollo que tiene el proceso licitatorio para así "lograr garantizar la libre concurrencia e igualdad de los interesados respetando siempre el debido proceso", precisó Ordóñez Maldonado.
Por estas razones, la Procuraduría consideró que los plazos para la diligencia de las peticiones de los interesados para la licitación "son muy cortos por lo que no permitiría una elaboración seria y detallada de sus procesos".
El Procurador señaló además que el ganador de la licitación tendrá el manejo de todo el material rodante, los usuarios, los demás agentes del sistema y en temas muy complejos y sensibles como lo son las de tecnología e integración en recaudo, control de flota de buses y comunicaciones.
Resaltó igualmente que a la fecha los proponentes no tienen certeza sobre el cronograma de la convocatoria, con las implicaciones que ello conlleva para la aplicación del derecho a la contradicción y que existan observaciones y solicitudes de aclaración no resueltas por la entidad.
