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HISTÓRICO
PROPUESTA PARA EL JUZGAMIENTO DE AFORADOS (2)
  • PROPUESTA PARA EL JUZGAMIENTO DE AFORADOS (2) |
    PROPUESTA PARA EL JUZGAMIENTO DE AFORADOS (2) |
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J. | Publicado el 06 de noviembre de 2014

Con fines pedagógicos, en nuestra anterior entrega describimos las iniciativas presentadas por el Gobierno y algunos congresistas, sobre el órgano competente para juzgar a altos dignatarios del Estado, haciendo una sucinta descripción del mismo, a partir de tres aspectos fundamentales: su origen, las calidades personales y profesionales de sus integrantes y las competencias que deben ser asumidas por aquel.

Bajo estos mismos parámetros, es necesario formular algunas observaciones y propuestas, para que en realidad la iniciativa contribuya al restablecimiento del equilibrio de poderes.

Precisamente, para garantizar un alto nivel de igualdad entre los poderes públicos involucrados en la institución, es necesario que el Tribunal tenga un origen independiente, con el fin de garantizar un trabajo autónomo. Por ejemplo, no es conveniente que en su integración intervengan el Congreso, el Gobierno o las Altas Cortes, ya que los jueces no deben ser designados por quienes pueden ser sujetos de su competencia. Ello generaría un inevitable conflicto de intereses. No debe olvidarse que el Consejo de Estado conoce los procesos sobre pérdida de investidura de los congresistas, la Corte Suprema de Justicia juzga sus ilícitos penales y la Procuraduría General de la Nación, sus faltas disciplinarias, por lo que sería absurdo que estos órganos intervinieran en la designación de sus posibles futuros jueces. Desde este punto, es mejor que el Tribunal surja directamente de la academia o a través de un sistema de concurso.

En cuanto a las condiciones para ser miembro del mismo, no es de recibo que sus integrantes tengan las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación los pondría en igualdad de condiciones y simplemente los presentaría como una Corte más. Consideramos que debe tratarse de juristas del más alto reconocimiento en el campo del derecho. Sería preferible que para ser miembro del Tribunal se exigiera una edad no inferior a 55 o 60 años y se tratara de personas de altísimo nivel: expresidentes de Altas Cortes, antiguos o actuales decanos, catedráticos o abogados de reconocida trayectoria profesional y social. Personas que definitivamente por su edad y calidades tomen su función como un último y máximo compromiso, sin que puedan aspirar a ocupar ninguna otra investidura o cargo.

En cuanto a las competencias, el Tribunal debería tener la facultad para investigar y juzgar en caso de faltas penales, disciplinarias y fiscales, a magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al procurador general de la nación, al contralor general de la república, al defensor del pueblo y al fiscal general de la nación. Si además el hecho amerita un proceso político, formularía acusación ante el Senado para el respectivo juicio político. Al interior el Tribunal, de acuerdo con la ley, se debe organizar su trabajo para garantizar la doble instancia, por ejemplo, que algunos de sus miembros investiguen y acusen y que la resolución de acusación tenga apelación ante los otros miembros.