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HISTÓRICO
PROPUESTAS PARA EL JUZGAMIENTO DE AFORADOS (1)
  • PROPUESTAS PARA EL JUZGAMIENTO DE AFORADOS (1) |
    PROPUESTAS PARA EL JUZGAMIENTO DE AFORADOS (1) |
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J. | Publicado el 30 de octubre de 2014

Esta primera parte se ocupará de describir las principales iniciativas presentadas, a partir de tres aspectos: origen, composición y competencias del denominado Tribunal de Aforados.

En su propuesta original, el Gobierno concibe el Tribunal de Aforados como un órgano encargado de investigar a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la Nación. El Tribunal tendrá competencia para acusar y juzgar a los aforados, por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Estará integrado por 7 miembros elegidos por el Congreso en pleno para un periodo de 8 años, sus calidades serán las mismas exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial. Sus integrantes serán investigados por la Cámara por causas disciplinarias, fiscales y penales, y si es del caso, acusados ante el Senado. De acuerdo con el proyecto, la organización y funcionamiento del Tribunal debe garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con todas las garantías procesales, incluida la segunda instancia.

Otra iniciativa, sustentada por el senador Roy Barreras, propone que las cinco mejores facultades de Derecho de Colombia, de acuerdo con los resultados del examen de Estado, elijan cinco magistrados independientes, autónomos y calificados, quienes investigarán y presentarán acusación, cuando haya lugar, a la plenaria de la Cámara, para que esta, a través de voto secreto, determine si la acepta o rechaza. Si la decisión es afirmativa, la acusación irá al Senado para el respectivo juicio político. El Senado, también en voto secreto, decidirá el retiro del cargo o la declaración de indignidad. Si la acusación se refiere a un delito y la decisión de la Cámara es afirmativa, el asunto irá a la Corte Suprema de Justicia, que mantendría su calidad de órgano de cierre.

La iniciativa de la senadora Claudia López considera un Tribunal de 9 miembros, elegidos: 6 por el Senado, de 3 ternas enviadas por el Presidente y 3 ternas enviadas por la Cámara. Estos 6 elegirán otros 3, en la forma que señale la ley. El periodo sería de 8 años, sin posibilidad de reelección. Investigará y juzgará a los funcionarios aforados, por conductas de las que se deriven responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria. Cuando el Tribunal encuentre méritos, el Senado de la República debe autorizarlo para continuar con la etapa de juzgamiento. En este proyecto el Senado conoce de las acusaciones que formule la Cámara contra los miembros del Tribunal de Aforados. Estos deben tener las mismas calidades que se requieren para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quien haya sido miembro del Tribunal no podrá ser Contralor, Procurador, Fiscal ni magistrado de Alta Corte ni aspirar a cargo de elección popular cuando termine su periodo.