Según el texto de la propuesta, que tendrá que pasar cuatro debates en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes, el Estado será el que deberá reasumir las funciones como prestador del servicio de salud con el fin de que sea integrado y apunte hacia los mismos beneficios.
"El Estado es el que debe ser garante del derecho universal a la salud, hay que plantearse un modelo de aseguramiento público, hacer la prestación de servicios con la red pública y organizar verdaderas redes en territorios de salud", aseguró Luis Carlos Avellaneda, senador del Movimiento Progresistas.
Y es que para Avellaneda, el primer paso que se debe dar para lograr la reestructuración de la salud es la derogación de la Ley 100 de 1993, que fue la que implementó la creación de las EPS.
"El modelo que se adoptó con la Ley 100 fue uno de los principales causales de la crisis, pues demostró que las EPS sólo aseguran sus márgenes de ganancia mas no la salud de los colombianos. Fue absolutamente lamentable haberle puesto ánimo de lucro a la salud", agregó el parlamentario.
Según la Contraloría General de la República, en Colombia se invierten cerca de 40 billones de pesos en la salud, de los cuales al menos el 50 por ciento se van por vías ilegales.
"Esas cuentas asustan. Que los privados se estén llevando al bolsillo cerca de $20 billones de pesos de manera ilegal es una alerta roja que haría que cualquier gobierno tomara la decisión de eliminar las causas que en este momento son las EPS", aseveró Avellaneda.
No obstante, y pese a las cifras que arrojó la Contraloría, el gobierno de Juan Manuel Santos se ha mantenido al margen y ha anunciado que no tomará correctivos.
"El Gobierno no le apunta a eso porque es de corte neoliberal y le apuesta mucho al tema privado, no estoy contra lo privado, pero en este caso los casos de corrupción son abundantes y ameritan cuanto antes una intervención", explicó el senador de Progresistas.
Pese a que asumir la prestación del servicio de la salud el Estado tendría que invertir millonarios recursos anualmente, Avellaneda asegura que bajo esta modalidad la salud sería más rentable.
"Por UPC el Estado paga 560 mil anuales, eso multiplicado por 45 millones de colombianos da más de 27 billones, pero invierte 40 billones que se están robando los privados. Si sumados a esos recursos está lo que los ciudadanos pagan a las EPS, el Estado estaría más que capacitado para asumir esa responsabilidad", agregó Avellaneda.
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