Congresistas demócratas y republicanos expresaron este martes su preocupación por las denuncias hechas por la agencia de noticias Associated Press (AP) acerca de escuchas telefónicas y otros registros de sus contactos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La agencia denunció este lunes en una carta al Departamento de Justicia el "intrusismo sin precedentes" de las autoridades federales por almacenar de manera secreta dos meses de registros telefónicos de sus reporteros y oficinas.
El presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, dijo hoy estar "muy preocupado" por las acusaciones.
"La carga recae siempre sobre el gobierno cuando tratan de buscar información privada, especialmente la información relativa a la prensa o a sus fuentes confidenciales. Quiero saber más sobre este caso, pero en principio me preocupa que el Gobierno no haya cumplido con esa responsabilidad", dijo Leahy en un comunicado.
Por su parte, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, el republicano Bob Goodlatte, aseguró que pedirá respuestas al secretario de Justicia, Eric Holder, en la audiencia que tiene programada para este miércoles.
Michael Steel, portavoz del presidente de la Cámara, John Boehner, también se refirió al escándalo.
"La Primera Enmienda es la primera por una razón", dijo refiriéndose al primer artículo de la Constitución estadounidense que recoge el derecho a la libertad de información y expresión.
"Si la administración Obama va tras los registros telefónicos de los periodistas, tienen que dar una buena explicación", insistió.
Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca aseguró que el presidente Barack Obama, es "un firme defensor de la libertad de prensa" y espera una información más completa sobre la investigación del Departamento de Justicia.
"Cualquier comentario de nuestra parte es inapropiado en este momento", añadió. "Puedo decirles que el presidente cree, firmemente, que la prensa debe operar sin restricciones".
Según AP, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).
El Departamento de Justicia habría realizado estas averiguaciones en el marco de un mandato judicial para investigar presuntas revelaciones de información gubernamental clasificada.
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