La propuesta del Gobierno se basa en la ampliación de la base y el aumento del impuesto al patrimonio y la extensión del gravamen a las transacciones financieras (4 por 1.000).
De tiempo atrás se sabe que ambos impuestos no son, desde el punto de vista técnico, los más adecuados. De otra parte, diferentes especialistas han propuesto diversas alternativas, como el aumento del IVA, que hoy está en 16 por ciento, o el impuesto a los dividendos. Ambas propuestas constituyen opciones que deben examinarse.
Sin embargo, el Gobierno, ante el descuadre en los ingresos de la Nación originado por la destorcida del sector minero-energético y en especial la del petróleo (asunto que se veía venir de tiempo atrás), ha adoptado por el camino del menor esfuerzo al mantener los impuestos existentes.
Además, con su propuesta de reforma tributaria el Gobierno se contradice con sus propósitos de convertir a Colombia en un país moderno y de estimular la inversión privada como motor de la generación de empleo.
Es claro que el impuesto del 4 por 1.000 desincentiva la formalización bancaria y el mayor uso de los canales institucionales del sistema financiero, en tanto que el impuesto al patrimonio afecta el normal desarrollo de las empresas y entraba la expansión de la inversión productiva.
En la propuesta del Gobierno hay implícito el supuesto de que la asignación y la utilización del gasto público, incluida la inversión, es la óptima y que esta se hace de manera eficaz.
Sin embargo, la realidad no avala dicha tesis. El Informe de Competitividad que entregó la semana pasada el Foro Económico Mundial muestra cómo en los temas institucionales, afectado en parte por los altos niveles de corrupción, Colombia se ubica en los últimos lugares entre 144 países del mundo.
De igual manera, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, además de presentar problemas de ejecución en la inversión asignada para este año, no consigue salir de la maraña de subsidios que impide la dedicación mayoritaria de sus recursos a la creación de bienes públicos.
Por ello es preciso que la propuesta de ampliar el recaudo tributario para 2015 vaya acompañada de mecanismos que aseguren la eficiencia y la pulcritud en la ejecución del gasto público.
De igual manera, frente a los conocidos problemas de evasión y elusión tributarias se requiere plantear en el texto de la reforma un articulado que muestre el compromiso serio y eficaz del Gobierno en la lucha contra estos dos fenómenos que le restan ingentes recursos al fisco.
Si nada de esto se da, nos surge el temor de que Colombia tome el peligroso camino de construir una sociedad del bienestar, donde se gasta sin tener el suficiente respaldo económico y sin estimular sus fuentes de crecimiento, que por el contrario se menoscaban.
El Gobierno conoce de primera mano diversas alternativas de reforma que, de ser adoptadas, permitirían disponer de una estructura tributaria más adecuada.
Mantenerse tercamente en su propuesta bien puede significarle altos costos políticos y, de contera, afectar la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.
ES UN PROBLEMA DE RECAUDO QUE LO TIENEN QUE CUBRIR DE CUALQUIER MANERA
Por HORACIO AYALA VELA
Exdirector de la Dian, profesor universitario y columnista en temas tributarios.
El gobierno actual, como lo han hecho algunos anteriores, han venido utilizando el impuesto a las transacciones financieras y el del patrimonio por ser la manera más fácil de recaudar. Es fácil, pero no quiere decir que sea lo más técnico.
En el caso del impuesto al patrimonio la mayor carga recae sobre las sociedades y técnicamente uno no puede hablar de la riqueza de las sociedades pues no tienen una capacidad contributiva autónoma como la tienen las personas.
El impuesto es agresivo pues cuando a una sociedad se le grava el patrimonio esta tarifa repercute en los accionistas de la misma manera, como si fuera el impuesto de renta. O sea no es un impuesto progresivo, sino que a todos los afecta de la misma forma pues todos pagan el mismo porcentaje.
Y desde el punto de vista económico sabemos que el impuesto al patrimonio desestimula la inversión y se corre el riesgo de que a las personas naturales se les graven bienes indispensables y no la riqueza.
Definitivamente estamos hablando de un problema de recaudo y no de equidad. En la reforma más reciente, el Gobierno habló de equidad pero le dio un golpe fuerte a las rentas de trabajo. Es un problema de finanzas públicas y lo que prima es el hueco que tiene el Estado que lo tienen que cubrir de cualquier manera.
