Con esta columna cierro. Queda mucho por comentar y, sobre todo, queda todo por debatirse socialmente. Cualquier proceso de justicia transicional debe contar con un profundo arraigo político y social en todos los sectores de la sociedad. Antes de construir la respuesta, hay que saber lo que los distintos sectores sociales quieren.
No siendo un defensor acérrimo de la justicia transicional y sin haber acudido a fórmulas idealistas de este tipo de herramientas, quedo sorprendido por el rechazo tan fulminante de algunos sectores de la sociedad colombiana a la noción de adoptar una serie de mecanismos que promuevan, entre otros: el reconocimiento de las atrocidades perpetradas en Colombia; la superación de la polarización como paradigma estructural de las relaciones sociales; la promoción de procesos para establecer (o restaurar) lazos sociales en las comunidades; la reforma de instituciones que son fuente de violencia y arbitrariedad; o, sencillamente, la disminución del uso de la violencia como expresión (supuestamente) política.
Sospecho que su rechazo puede radicar en una de las siguientes razones: interés en preservar el estado de guerra; estancamiento en esquemas polarizados de percepción que no permiten superar la desconfianza frente a cualquier iniciativa que involucre a su eterno enemigo; un profundo estado de negación frente a la atrocidad que no permite ver la necesidad de abordarla; privilegio social que aísla los efectos de la guerra; o desconocimiento de la realidad.
La posibilidad de promover transformaciones políticas y sociales significativas mediante los procesos de justicia transicional que se estén pensando para Colombia dependerá de un amplio y vigoroso involucramiento de toda la sociedad colombiana. La restricción del debate sobre justicia transicional a lo discutido entre las partes negociadoras –que tienen intereses particulares en el resultado del pacto de paz– o lo generado por una serie de tecnócratas especializados en la justicia transicional auspicia el sentimiento de que la justicia transicional es justicia transada que no representa los intereses de la sociedad. Es hora de explorar lo que los colombianos quieren y esperan, más allá de fórmulas preestablecidas en la práctica transicional en otros lugares del mundo.
La justicia transicional cuenta en su base con una rica retórica que promete un mejor futuro. Buena parte del campo está construido sobre visiones promisorias de la sociedad que se quiere transformar. Esta visión de futuro es esencial; es la que construye las voluntades para generar los cambios deseados. Como sociedad tenemos que poder contemplar un futuro distinto al fatalista, en el cual guerra es guerra y la violencia es destino inevitable.
Advierto (sin cansarme) que la justicia transicional tiene muchos límites y que no se debe esperar que sea una cura mágica de todos los males. Particularmente, no es un medio apto para encarar problemas sociales estructurales como la pobreza o la desigualdad, tampoco lo es para hacer frente a la alarmante conflictividad social o la criminalidad en Colombia. Estos problemas deben ser encarados por otras vías. En principio, el supuesto opera algo así como: superada la dinámica bélica y el abuso de poder, el bienestar social podrá guiar el ejercicio del poder público.
Espero que lejos de la visión de justicia transicional como religión –llámese justipacifismo, transiciología o jotateismo – deje en ustedes una visión de la justicia transicional como un complejo proceso que requiere ponderación ética, moral, social, política y (probablemente en último lugar) jurídica
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