El Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, denunció que funcionarios de la Policía Judicial estaban investigando, sin tener una orden judicial para ello, los contratos suscritos en diciembre del 2009 con la empresa de telecomunicaciones Une, encargada de publicar la información referente a los resultados de las elecciones del pasado 14 de marzo.En diálogo con la emisora La FM, el Registrador manifestó que el 16 de marzo la entidad recibió un oficio suscrito por un funcionario de la Policía Judicial, en el cual se informaba las pesquisas, pero ese mismo día habían solicitado a la Unidad de delitos contra la Administración Pública la viabilidad para iniciar una investigación penal.
"La última información oficial de la Dijín es del día 30 de marzo, donde ellos dicen que son competentes para investigar en virtud de la ‘flagrancia’. O sea que la celebración de unos contratos en el mes de diciembre (del 2009), son una flagrancia en el mes de marzo (del 2010)", argumentó el Registrador Nacional.
Sánchez también se quejó porque "no hay preocupaciones por el tema del sabotaje, que es un delito de una gravedad bastante significativa, la de una posible alteración en la base de datos que simplemente no hubiera permitido la publicación de los resultados electorales".
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