Hace una semana, la palma de la mano derecha del presidente reelecto Juan Manuel Santos tenía escrita la palabra PAZ. Esa, su promesa central de campaña, se convierte en la que deberá ser la realización sustancial de sus próximos cuatro años de gobierno. Y lo es también para las Farc, de quienes los colombianos no tolerarían una nueva decepción en la oportunidad de diálogo, para terminar el conflicto, que representa la mesa de La Habana.
Es capital señalar que la permanencia de Santos en el poder, por otro período, no puede traer señal alguna de indefinición de los tiempos de negociación de la agenda pactada. Al final de 2014 debe haber resultados inequívocos de que el escenario de Cuba entrará a ser parte de la historia colombiana, del capítulo que cierra la existencia de las Farc como organización armada ilegal.
El 19 de noviembre próximo se cumplirán dos años de discusión, tiempo prudencial para que las partes hayan cerrado los cuatro puntos temáticos de la agenda (Desarrollo Agrario, Participación Política, Drogas y Cultivos de Uso Ilícito y Víctimas) y tengan avances concretos en el punto más operativo de Fin del Conflicto.
El asunto de las Víctimas y el de la desmovilización no son tan sencillos como parecen: serán el medidor de qué tan dispuestas están las Farc a reconciliarse con la sociedad colombiana, a repararla y a responder por sus crímenes. Y servirá para saber si las Farc, definitivamente, se concentrarán en diversas regiones del país para cumplir su desmonte militar y asumir su total desaparición como actor armado ilegal.
Aunque hay optimismo fundado del presidente y sus negociadores frente al hecho de que “la negociación ha entrado en la recta final”, es esencial que las partes empiecen a abrir paulatinamente las puertas del proceso a la participación de las víctimas, por el trauma social, económico y político que han traído al país 50 años de violencia del conflicto armado interno, y en especial de atropellos y delitos de las Farc contra la población civil.
También será importante que gradualmente, con prudencia e inteligencia, se corran los velos que hasta hoy guardan la reserva de los acuerdos de La Habana. Más que de romper la confidencialidad requerida en un principio, se trata de que la sociedad colombiana confíe en que sus contenidos no vulnerarán los principios esenciales de nuestro modelo Constitucional de Estado Social de Derecho.
Es fundamental que la transparencia traiga legitimidad y que esta última aliente un respaldo popular mayoritario, que se refleje en el mecanismo de consulta ciudadana elegido para refrendar la firma del fin del conflicto entre Gobierno y Farc. Una pedagogía oportuna que sensibilice y explique los acuerdos debe estar desde ahora en los planes de edificación final del proceso.
De manera paralela, y ya corrido el riesgo en campaña por el presidente Santos de revelar que avanzan las conversaciones exploratorias con el Eln, se espera que culminen “los hervores” y las partes se sienten a la mesa para completar la receta del fin del conflicto con las guerrillas.
A las instituciones y a la sociedad colombianas, estimuladas desde el nivel central del gobierno, les llega el reto de desarrollar los engranajes regionales para aterrizar y dar aplicación práctica a lo que se acuerde en La Habana. Será muy difícil aprovechar la renovación económica, política y social de la nación que faciliten los acuerdos si, al tiempo, no hay interés ni eficacia de los gobiernos y comunidades locales para lograr una democracia más incluyente.
Si continúan las fracturas regionales, si no se aprovecha la oportunidad de desaparecer los fenómenos de violencia e ilegalidad que darían los acuerdos, Colombia continuará expuesta a la reedición de alteraciones sociales que impidan la construcción estructural y profunda de una paz integral, cierta.
De firmarse y aprobarse el acuerdo por la voz de la ciudadanía se plantean compromisos de gobierno institucional y ciudadano que requieren gran responsabilidad y acción. Y sobre todo se les impone a las Farc el deber de acabar con una lucha armada descompuesta y anacrónica que ya no cabe en la historia.
LA NEGOCIACIÓN AÚN NO COMIENZA Y LOS RETOS INICIAN PORQUE NOS DIGAN LA VERDAD
Por ALFREDO RANGEL SUÁREZ
Analista y senador electo por el Centro Democrático
El Gobierno no ha sido trasparente con el proceso de paz y engaña a la opinión pública con la especie de que “se ha avanzado mucho”. La realidad es que esos diálogos ni siquiera han comenzado, si se miran bien: casi dos años después de iniciados, no hay un acuerdo sobre una agenda común.
La guerrilla advierte numerosos subpuntos dentro de los cinco de la agenda. Por ejemplo, en el tema agrario, a juicio de las Farc, está pendiente hablar de la propiedad de la tierra, de las reservas campesinas, de los TLC y de la seguridad del campo, con la consecuente reducción del tamaño del Ejército.
En participación política, para ellos están pendientes reformas políticas e institucionales radicales. Si así lo vemos, si no hay esa agenda de fondo que ellos estiman, no hay firma posible de la paz.
Quedan como retos: que le digan la verdad al país, que hay muchos temas pendientes. Que la impunidad está contenida en el marco jurídico para la paz, que se nos diga cuál será el castigo para los crímenes atroces, si penas de cárcel o trabajo social, que si a las Farc se les exigirá la entrega de armas, o solo habrá una dejación. En fin, que haya menos verdades a medias y cosas escondidas en esos diálogos. Estamos lejos de firmar el fin del conflicto con unas Farc graduadas de “contraparte” por el gobierno Santos.
