El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que Colombia ya es un país maduro en materia de derechos humanos por lo que está pensando en no renovar el mandato de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia.
“La necesidad de tener una oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha venido desapareciendo. Voy a decirle a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que estamos discutiendo si en realidad vale la pena prolongar este mandato y si se prolonga sería por muy corto tiempo”, dijo Santos.
Según el mandatario Colombia ha avanzado lo suficiente para decir “No necesitamos más oficinas de Derechos Humanos de la ONU en nuestro país”. De igual manera, aseguró que durante la visita de la alta comisionada a Colombia va a encontrar un país con unas fuerzas armadas que tienen prioridad en los Derechos Humanos.
“Es evidente que el Estado Colombiano tiene como norte ese respeto. Hoy las Fuerzas Militares se han venido transformando y son ejemplo de una cultura de respeto por los derechos humanos”, dijo Santos y añadió que luego de que la oficina de la ONU no esté en Colombia será responsabilidad del Estado preservar el respeto por los Derechos Humanos, “somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto de los derechos humanos es una obligación de todos los ciudadanos y del Estado colombiano. Ese respeto es fundamental por legitimidad de nuestras fuerzas”.
Cabe recordar que el representante de la Alta Comisionada en Colombia, Tood Howland, declaró hace poco tiempo que en las protestas del Catatumbo “hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos, los señores: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios. La Oficina exhorta a la Fiscalía a que investigue la presunta violación del derecho a la vida de estas cuatro personas”.
Y agregó que “la misión observó que hubo agresiones por parte de los manifestantes contra la fuerza pública. En los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública, y hubo daños a la propiedad pública y privada, confinamiento a varias comunidades y cierre de vías, lo que generó una grave situación de crisis humanitaria”.
Tras estas declaraciones el Gobierno reaccionó enérgicamente frente a las declaraciones de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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