Es positivo para el régimen institucional de Colombia el nuevo tono que comienzan a tener las relaciones entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Relaciones que nunca debieron haberse agrietado, ya que las inadecuadas actitudes de parte y parte dejaron un mal sabor en una incomprensible lucha de poderes y egos, hecho nada recomendable para la democracia.
Todo gobernante y todo juez colombiano saben que dentro de la organización del Estado se encuentran las tres ramas del poder público, la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial, con funciones separadas pero que requieren de una colaboración armónica entre ellas para poder alcanzar en forma efectiva los fines del Estado. Cuando esa autonomía no se respeta se crea un desequilibrio que puede ocasionar delicados perjuicios para la estabilidad de la gobernabilidad democrática.
Y a un espectáculo poco sereno fue a lo que nos expusieron tanto el Presidente como la Corte Suprema, frente a decisiones como la extradición de los jefes desmovilizados de las autodefensas; la denuncia por injuria y calumnia interpuesta por el Presidente Uribe contra el magistrado César Julio Valencia, y la petición del Alto Tribunal a la Corte Constitucional para que revisara el acto legislativo que dio vía libre a la reelección, lo que desencadenó en la propuesta del Primer Mandatario de realizar un referendo para legitimar su elección para el periodo 2006 - 2010.
En los últimos tiempos la imagen nacional e internacional de Colombia se ha visto afectada no sólo por la crisis de credibilidad del Congreso, por los presuntos nexos de varios de sus miembros con grupos armados al margen de la ley, sino también por la falta de colaboración armónica entre las ramas Judicial y Ejecutiva, sembrando así inconvenientes dudas sobre la seguridad institucional y jurídica, tan necesarias para la inversión y la confianza en el país.
En una Colombia con tan delicados problemas de narcotráfico, guerrilla y pobreza, no nos podemos dar el lujo de entablar querellas entre las instituciones establecidas constitucionalmente. Por fortuna la exitosa política de Seguridad Democrática, con el impecable rescate de los secuestrados del 2 de julio, hizo renacer la credibilidad en el Estado en su conjunto, y ha puesto de nuevo a sus máximos dirigentes en la senda del bien nacional.
La exitosa labor de conciliador del Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha logrado acercar a las instituciones que nunca han debido distanciarse: la Presidencia de la República y la Justicia. Entre otras cosas, porque es la Constitución Nacional la que las obliga a trabajar por el bien del país, cumpliendo cada una con sus funciones y respetando las de la otra, dentro de la absoluta independencia de los poderes.
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