La Procuraduría General rechazó la solicitud de conciliación presentada por la exsenadora Piedad Córdoba, para no demandar al Estado por la decisión del Ministerio Público de destituirla e inhabilitarla por 18 años.
En el escrito de conciliación, la excongresista aseguró que dicha sanción disciplinaria afectó su moral y condiciones patrimoniales.
Según el Ministerio Público el trámite debe iniciarse nuevamente, pues la solicitud inicial no contaba con todos los requisitos que la ley exige.
Por estas razones la exsenadora deberá fijar nuevamente las condiciones del requerimiento, que busca que ella y el procurador Alejandro Ordóñez se sienten a negociar las condiciones de la conciliación.
Si no hay ningún acuerdo, Piedad Córdoba tendrá vía libre para acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, en busca de su reparación.
