Por cuenta de la desinformación y una interpretación quizá amañada del proyecto de reforma a la Ley 30, por medio de la cual se intenta reorganizar el sistema público de la educación superior, algunas universidades públicas (no todas), están en cese de actividades desde hace un mes. Muchos académicos no ven razones de peso para el drástico cese de actividades docentes. Pese a esta situación de parálisis, que es además una decisión precipitada, inoportuna e inconveniente de unos pocos en detrimento de muchos, las actividades de investigación, consultoría y extensión continúan sin contratiempo, aunque es innegable que la docencia representa una parte importante del funcionamiento de la universidad.
Analizando el texto del proyecto de marras no veo muchas diferencias a lo que ya existía desde 1992, cuando hubo un avance; pero seamos coherentes y compartamos pues con el Gobierno Nacional el optimista argumento según el cual, la versión final del proyecto de reforma radicado en el Congreso de la República traerá más recursos para mejorar la educación superior en cuanto a cobertura y bienestar estudiantil. Pero la verdad es que lo consignado en el Título VII, Financiación de la Educación Superior Pública, Artículos 141 al 148, no resolverá el problema estructural de financiación de la educación superior en el país.
Este proyecto de Ley, aparte de no resolver el problema financiero en el largo plazo, sí deja varias desazones; primero, la consecución de recursos para la Educación Superior no puede tener como meta lograr el 50% en cobertura para los egresados de secundaria en el corto plazo, pues la educación, es bien sabido, no es un bien público en sentido estricto (es un bien rival y parcialmente excluible) y necesariamente deja un cierto número de jóvenes por fuera del sistema, precisamente porque no es posible proveer educación superior a todos.
Segundo, la aspirante a Ley tampoco se puede considerar un gran instrumento para mejorar la calidad puesto que no ataca el problema de las universidades de garaje (y con ánimo de lucro), las cuales proliferan por las zonas urbanas de ciudades grandes o pequeñas, vendiendo programas de baja calidad, pero paradójicamente con registro calificado. Tercero, el proyecto en nada modifica la remuneración de los profesores, Decreto 1279 de 2002, cuyo salario de enganche es demasiado bajo comparado con las instituciones privadas, en especial para aquellos profesores con título de doctorado, quienes pueden dejar la universidad pública por mejores oportunidades laborales en el sector privado. La calidad requiere estimular la inserción de doctores a la Universidad Pública.
Por último, el proyecto de reforma tampoco ataca la situación parasitaria en la que han caído algunas universidades, que succionan cuantiosos recursos sin un juicioso programa de disciplina financiera, sin capacidad para generar recursos propios y sin ningún castigo (o al menos monitoreo) al deficiente desempeño académico, en docencia e investigación, que no se conduele con los recursos que reciben.
No nos engañemos, el cese prolongado de actividades no está justificado, este proyecto de reforma, que en el más optimista de los escenarios trae un poco más de recursos para los próximos 10 años, no puede siquiera considerase como remedo de instrumento neoliberal de privatización de la educación. La universidad pública se defiende en el aula de clase, manteniéndola abierta, deliberando sí, pero funcionando.
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