Después de ajustar la plata para el pasaje, Blanca Bustamante arregló su vestido y unas sandalias para salir de Puerto Berrío en el primer bus. A La Alpujarra llegó a las 10 de la mañana. Allí se hizo junto a la tarima para mostrar una pancarta con el nombre y la foto de su hija Lizeth Andrea Sosa Bustamante, de 10 años.
El 27 de octubre del 2007 su hija desapareció. "No volví a ver a mi niña", dijo la mujer con los ojos humedecidos, al pedir que la ley busque a los niños antes de 72 horas y no después, como funciona actualmente con los desparecidos. "En media hora pueden pasar muchas cosas", reclamó la madre.
Su propósito de llamar la atención se cumplió. Ayer en el inicio de la recolección de firmas para apoyar la cadena perpetua para asesinos, violadores y secuestradores de niños, Gilma Jiménez, concejala de Bogotá, quien impulsa la iniciativa a nivel nacional, desde la tarima se conmovió con Blanca y aseguró que por su caso y por los miles que ocurren en el país Colombia debe reaccionar.
El inicio de la recolección de firmas en Antioquia estuvo repleto de madres comunitarias, funcionarios, diputados, concejales, niños y personas del común. Ayer las planillas comenzaron a llenarse sin dificultades. La meta es que en diciembre haya tres millones de firmas recogidas. Sin embargo, a juzgar por el entusiasmo de la gente, esa meta podría superarse.
En Antioquia la campaña es apoyada por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, los 26 diputados y por 19 de los 21 concejales de Medellín.
Solamente en la oficina del presidente del Concejo, Federico Gutiérrez, ya hay 20 mil firmas.
Con la totalidad de firmas se convocará un referendo para votar la modificación del artículo 34 de la Constitución que prohibe la cadena perpetua y dejar por sentado que en el país no se perdona el maltrato con los niños. "Quienes cometen crímenes contra los niños tienen que estar aislados siempre de la sociedad ", aseguró Ramos.
Según cifras de la Fiscalía, cada año en nuestro país un millón de niños son víctimas de delitos atroces, de los cuales, menos del 10 por ciento terminan en condena.
Aunque para muchos la condena máxima en Colombia, que es de 60 años, es suficiente castigo, para otros, como la concejala Gilma Jiménez, es irrisoria y prácticamente no se cumple. "Yo no conozco la primera condena de 60 años por un delito contra los niños", aseguró.
Además para ella sí hay una diferencia entre 60 años y la prisión perpetua y es "el símbolo de sociedad".
Si se aprueba el referendo, este país dejará claro que "quien se meta con un niño, quien le cause algún daño atroz, lo vamos a encerrar el resto de sus días", manifestó.
En su visita a Medellín la concejala pidió un minuto de silencio para pedirles a los niños perdón por la incapacidad que, según ella, tiene la sociedad para brindarles condiciones dignas de vida.
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