La Superintendencia de Servicios Públicos dio a conocer el viernes un comunicado, en el que aclara su posición en torno a la polémica con las empresas generadoras de energía, por la supuesta aplicación de altas tarifas.
Las propias juntas y dirección de empresas como EPM e Isagén, habían rechazado las acusaciones del organismo.
La Superintendencia dice que, en cumplimiento de sus funciones, viene haciendo seguimiento al Mercado Eléctrico Mayorista, en una 'vigilancia preventiva' para que las tarifas estén ajustadas a la ley y la regulación.
Señala que en el segundo semestre de 2008 constató que los precios en la Bolsa de Energía se incrementaron hasta en un 130 por ciento, sobre todo en diciembre, "lo que debe ser explicado por algunos generadores".
Explica que citó a varios generadores para que explicaran las razones por las cuales, durante ese período, "el precio de sus plantas térmicas superó el primer escalón de racionamiento, que es un precio propio de períodos de escasez de energía".
Asimismo, dijo que solicitó explicación de las razones por las cuales algunos generadores realizaron mantenimientos de sus plantas por fuera del Plan Anual de Mantenimiento y requirió explicación a unas empresas generadoras sobre los incrementos abruptos en su precio de oferta.
"En desarrollo de sus facultades legales, la Superintendencia de Servicios Públicos adelanta el análisis de la información obtenida y procederá en consecuencia".
La entidad señaló que en las declaraciones de su titular, Evamaría Uribe, en Santa Marta, no señaló con nombre propio a ninguna empresa en particular y que ésta fue una decisión propia de los medios de comunicación.
Y, por último, la Superintendencia hizo énfasis en que respeta la ley y el debido proceso y afirma que nunca ha cometido ni cometería la indelicadeza de señalar o acusar con nombre propio los comportamientos o conductas de empresas frente a las cuales esté indagando o adelantando investigaciones.
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