Quienes intenten presionarnos están perdiendo su tiempo", así lo manifestó el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, luego de asegurar que sólo el próximo año, se podría emitir su fallo sobre la legalidad de la convocatoria al referendo que permitiría la segunda reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez.
Explicó que hay una serie de procesos que deben cumplirse y sin los cuales es imposible que se inicie el estudio, por esta razón, el análisis del proceso -el análisis de la ponencia- no podrá hacerse antes del regreso de vacaciones de fin de año que tiene la Rama Judicial, que sería el 12 de enero del 2010.
Indicó que uno de los episodios que ha retrasado el proceso es la entrega incompleta de pruebas que son fundamentales para el estudio del referendo.
El magistrado ponente Humberto Sierra solicitó una gran cantidad de elementos de comprobación a entidades públicas y a partidos políticos a los cuales le dio cinco días hábiles para contestar, pero según Pinilla, se requiere más información de las secretarías generales de Senado y Cámara, entre otras cosas para que envíen los registros fílmicos, las grabaciones y todo lo que haya de memoria de conservación histórica sobre cómo fueron los debates.
"Además se pidió información al director de la Imprenta Nacional sobre la publicación en el diario oficial del decreto del 16 de diciembre, con el cual el Gobierno Nacional convocó a sesiones extras al congreso", dijo el presidente de la Corte Constitucional.
El magistrado Pinilla sostuvo que también se le solicitó al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, que brinde información acerca de los registros contables presentados para tramitar el referendo y al Consejo Nacional Electoral el informe contable presentado por los promotores del referendo al igual que a la Procuraduría una solicitud sobre la probabilidad de que se imputen cargos contra personas vinculadas al proceso.
El presidente del alto tribunal aseguró que si alguna institución no presenta las pruebas requeridas en estos cinco días hábiles y lo hace con la intención de demorar el estudio, eso puede llegar a tener consecuencias penales.
"Nosotros ese fallo lo vamos a producir a la brevedad que corresponda. Este es un estudio de constitucionalidad y trataremos de evacuar rápidamente nuestro trabajo, que es mediante sentencia decidir si esa convocatoria a el referendo es constitucional o inconstitucional", señaló el magistrado.
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