No ha llegado aún a segundo debate en el Senado y desde ya se sabe que uno de los temas más polémicos de la reforma de equilibrio de poderes es el del Tribunal de Aforados. Y es que tanto magistrados como procurador y fiscal general han alzado su voz en contra del naciente cuerpo colegiado que investigaría y juzgaría a los altos funcionarios del Estado y a los miembros de las cortes.
El fiscal Eduardo Montealegre, en un foro organizado por el Consejo de Estado, en Cartagena, reiteró sus críticas a la iniciativa. "Causa sensación ver cómo ciertos personajes actuales de la política, ciertos papas y papisas de una falsa moral, que combatieron la parapolítica y aplaudieron la decisión de las altas cortes de no permitir más esa alianza siniestra entre política y paramilitarismo, hoy resulten aliados con esos sectores que combatieron para debilitar a las cortes".
No contento con eso, Montealegre fue más allá e hizo un llamado a los miembros de la rama para que se manifiesten en contra de la medida: "Tenemos que salir a las calles a hacer protesta, en los juzgados, en los foros, en todo el país para demostrar que la clase política no va a arrinconar y doblegar a la justicia colombiana".
Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, dijo estar de acuerdo con el fiscal. "Rechazamos de manera conjunta con el fiscal este tipo de organismos. Tomaremos las acciones de movilización si persisten esas actuaciones por parte del Congreso, que menoscaben la autonomía e independencia de los jueces".
A favor del tribunal
Paradójico o no, esta proposición ha logrado alinear en su favor a congresistas de orillas ideológicas distintas como Claudia López, senadora de la Alianza Verde, y Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Para López, "los señores magistrados y el fiscal están mucho más protegidos si no los investigan congresistas, sino que los investigan magistrados de sus mismas calidades. Le reiteró al fiscal la invitación que le hemos hecho desde el Congreso y que dos veces nos ha dejado plantados".
La senadora Valencia señaló que "esto les da garantías a los aforados en condiciones iguales (...) y al mismo tiempo le garantiza al Congreso la posibilidad de interferir cuando políticamente se considere improcedente investigar a estos funcionarios".
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó la postura del fiscal y advirtió que insistirá ante el Congreso para que se retome la propuesta que el Gobierno radicó, en la que buscaba que la elección de los magistrados se hiciera mediante convocatoria de la rama judicial. Al mostrar su desacuerdo con lo aprobado en la Comisión dijo que "un tribunal de origen político nos generaría un desequilibrio de poderes". Esto porque el proyecto contempla que esa elección la haga el Senado de ternas presentadas por el Ejecutivo y la Cámara.
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