En pocos días se cumplen cuatro años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz y su implementación deja mucho que desear. En materia de verdad y justicia, el balance es particularmente negativo. No se trata del fin del fin, pero sí de un llamado a adoptar cambios que puedan redundar en beneficio de los derechos de las víctimas.
La principal promesa de la ley de justicia y paz fue la producción oficial de verdad sobre el paramilitarismo, a través de paquetes confesionales producidos por los perpetradores a cambio de clemencia en la intensidad del castigo que les sería aplicado.
Cuatro años más tarde, no hay mucha verdad y tampoco se han impuesto esos castigos simbólicos. El proceso está entrampado en una gran maraña judicial.
La decisión de optar por formas judiciales para obtener verdad fue equivocada. Un proceso penal genera la verdad necesaria para imponer castigo, pero no es el mecanismo idóneo para producir una verdad que permita construir memoria social sobre los crímenes atroces. Los procesos penales no son las audiencias magistrales de las películas en las que se produce la verdad de manera astuta y didáctica; son, sobre todo: ritual, repetición, equivocación, interrupción, monotonía, lentitud y más interrupción.
Hasta la fecha, los procesos confesionales de justicia y paz a duras penas produjeron insumos para obtener una condena y para hacer un par de decenas de acusaciones que, dicho sea de paso, pueden ser parciales. Cuatro años más tarde y lo que hemos logrado son pedacitos de verdad, pero ninguna decisión judicial que permita desenmascarar el régimen criminal que se instaló en las regiones colombianas.
Algunos perpetradores (los que quieren) narran (a puerta cerrada) su versión de los hechos como los recuerdan o los quieren representar. No hay contradicción. Las víctimas no tienen voz; los testigos no tienen voz. ¿Suena injusto? Pues lo es.
No hay narraciones comprensivas que nos indiquen cómo fue que se construyó el monstruo ni cómo penetró las comunidades y la institucionalidad. Se han esclarecido algunos hechos criminales, incluyendo homicidios y desapariciones. Para los familiares de esas víctimas, esa elucidación es imprescindible en su proceso de duelo. Pero, para la sociedad, esa constatación no es más que la confirmación redundante de que en Colombia se implantó un régimen de atrocidad; todavía no sabemos por qué se promovió ese régimen, quién lo hizo ni quién lo encubrió.
Como agravante, en mayo de 2008 y luego en marzo de 2009, el gobierno decidió extraditar a Estados Unidos por cargos de narcotráfico a varios de los hombres que tienen en su poder esa narración maestra. Al margen de las razones que motivaron las extradiciones, lo que importa en el momento es que con ellos también se extraditó la posibilidad de reconstruir esa historia. El establecimiento de un arreglo formal de cooperación entre las autoridades de ambos países es de vital importancia para volver a vigorizar el régimen confesional de la ley de justicia y paz.
No podemos colgarle la gloria del éxito o la amargura del fracaso de un proceso de justicia transicional a una ley. Pero cumplidos cuatro años de una ley que establece como pena máxima ocho años, cabe reflexionar si éste es el esquema que se quiere seguir aplicando durante cuatro años más. Es hora de tomarse en serio las promesas de verdad y justicia ofrecidas a las víctimas colombianas. Vale la pena evaluar los problemas, antes de seguir, ciegamente, nadando y empujando la maleta.
Es preciso buscar formas alternativas para develar la verdad sobre el paramilitarismo e incluir las voces de las víctimas en la construcción de la memoria. En cuanto a los procesos penales, el nuevo titular de la Fiscalía tendrá que cualificar la intervención del ente, ejerciendo de manera estratégica el poder de persecución penal para destapar las múltiples formas y niveles del paramilitarismo en Colombia.
* Director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia y Profesor de la Universidad Externado de Colombia.
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