“María del Pilar Hurtado (ex directora reciente del DAS) admitió que la persona que la citó fue el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas. Hace pocos días el senador Rodrigo Lara reveló que por la misma época, cuando oficiaba como Zar Anticorrupción, el asesor de la Presidencia, José Obdulio Gaviria, lo llamó para hacerle el mismo requerimiento en relación con Asencio Reyes…”.
(El Espectador, “Bitácora del chuzo en el DAS”, edición de este domingo 17 de mayo de 2009, página 4).
En este mismo sentido, la gran mayoría de diarios colombianos de alcance nacional, dedicaron parte de su línea editorial a tratar sobre el asunto de las “chuzadas ilegales” a los teléfonos celulares y fijos de líderes de opinión nacional, así como de magistrados y dirigentes de la oposición, hasta el punto de que en la medida que la madeja se teje o la mazorca se desgrana, es mucho más escandaloso el comportamiento establecido desde el DAS Y orientado desde Palacio de Nariño, aspecto sobre el cual ya no cabe ninguna duda y lo que obligará tarde que temprano al Presidente de la República a pronunciarse sobre el bochornoso tema, así lo esté evitando como en el caso de su alocución de este domingo 17, en la que en vez de fijar su posición como primer mandatario y jefe de jefes del DAS, se refirió, no sin cierto tufillo populista de campaña, al tema del magisterio -que no del maestro- y anunció futuras prebendas y un mejor trato gubernamental a un sector que ha sido golpeado social y salarialmente en los últimos años.
Al final de la alocución presidencial quedó el sinsabor de que Uribe sí está evitando hablar de las chuzadas ilegales, intentando minimizar la gravedad de dicho acto ilegal y criminal (aunque cada vez tendrá menos margen de maniobra), que ya involucra a colaboradores cercanos y que son típicos de un régimen totalitario; tal vez hoy con la “olla podrida de las chuzadas ilegales” que se está destapando, es entendible las razones reales por las cuales renunció en marzo pasado J. Obdulio Gaviria a su cargo en Palacio de Nariño, ya que informes de algunos medios de comunicación y el mismo senador Rodrigo Lara, tal como lo reseñamos en nuestro Epígrafe.
Dada la gravedad de las denuncias y los alcances despóticos de las chuzadas ilegales, el diario El Tiempo de este domingo 17 de mayo, también señala que “…Visiblemente nervioso, Lagos planteó una salida que volvió a calentar el tema de las chuzadas: pidió protección para su familia a cambio de dar detalles sobre el manejo de la inteligencia en el DAS”, y con base en los primeros testimonios, hasta la cuestionada Procuraduría por la obvia impunidad en el caso de la Yidispolítica, decidió abrir investigación disciplinaria contra tres de los mosqueteros de Palacio, así, Bernardo Moreno (secretario general), César Mauricio Velásquez (delegado del Opus Dei en Palacio y jefe de prensa) y a Jorge Mario Eastman (asesor a secas). Y en virtud de este grave asunto de las “chuzadas ilegales” que vulnera la esencia de la democracia, el mismo editorial del periódico El Colombiano del 17 de mayo plantea.” Al país le preocupa que aún estén sin resolver vitales interrogantes, ¿Quiénes daban las órdenes? ¿Con qué fines? ¿Cuándo comenzaron las chuzadas? ¿Quiénes se benefician con la ilegalidad?... Sabido es que toda infiltración y filtración es interesada…”.
Pero lo que hay que suponer, según los datos conocidos hasta el momento, es que la infiltración y la filtración fueron ordenadas desde Palacio de Nariño y, desde la buena fe y la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución, fueron a “espaldas del Presidente”, con lo cual queda claro que no solamente la ilegalidad le jugó una mala pasada al ex presidente Samper y el “elefante” entró a Palacio sin él saberlo, sino que un segundo elefante se le entró al Presidente Uribe a Palacio de Nariño sin él saberlo, con las chuzadas ilegales (en verdad es un elefante de dos cabezas, ya que no podemos olvidar la de Job); pero las chuzadas no son solo de teléfonos sino de correos electrónicos, asunto del cual poco se ha denunciado, pero que también es un insulto a la democracia y a los derechos humanos, que tiene a Colombia al borde de que se establezca en nuestro territorio una relatoría de las naciones Unidas, lo cual es grave para la credibilidad internacional de nuestro país, que ya comienza a ser vulnerada con editoriales escritos en diferente medios impresos en Estados Unidos y Gran Bretaña y que difícilmente la Cancillería podrá tapar o desatender; incluso fue notoria la contradicción pública entre le Ministro del Interior y de Justicia, al decir ante los medios que dicha Relatoría de la ONU no era necesaria y la posterior información desde la Cancillería de que sí había sido solicitada meses antes: ¿A quién creerle entonces? ¿Al Ministro, al Canciller?
Son tan graves para el mundo democrático “las chuzadas ilegales” en Colombia, que la misma Interpol (Policía Internacional) ha notificado al gobierno nacional que suspende las relaciones de inteligencia con el DAS; según el periódico El Colombiano de este domingo 17 de mayo, “La Interpol no quiere que la cuestionada agencia de inteligencia estatal DAS sea su interlocutora en Colombia y pidió a la Policía asumir esas funciones, tras el escándalo por las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos, en especial de la oposición…”, determinación que obliga a que el Presidente Uribe permita que “la olla podrida del uso y abuso de la inteligencia y contrainteligencia se destape en Colombia” y no siga siendo utilizada desde la protección del Estado, para socavar el régimen democrático, ya que el objetivo de éstas han sido vulnerar el poder autónomo de la Rama Judicial (contra la Corte Suprema de Justicia) y el poder de la oposición política que hace parte de la Rama Legislativa.
Pero esta ilegalidad de las chuzadas realizadas desde el DAS, no puede esconder que existan otros organismos oficiales que también tienen historia de “chuzadas ilegales” y solamente esperamos que con el actual debate cambien sus procedimientos y se circunscriban a la ley y las normas en esos asuntos de inteligencia y contrainteligencia, ya que de lo contrario la Interpol no va a poder interlocutar con ningún organismo nacional, lo cual sería muy grave para la seguridad nacional.
Pero lo que más debe entender el Presidente Uribe y sus jefes civiles y militares, es que asuntos como el de las “chuzadas ilegales” y los “falsos positivos”, acercan demasiado -¡y con toda razón!-, a Colombia a la Corte Penal Internacional y ahí sí, el conflicto interno cambiaría de color y de perspectiva y la elogiada seguridad democrática (aún por algunos opositores e independientes en campaña presidencial), se pondría en el “banquillo de los acusados” por ser violadora de los derechos humanos y de la justicia internacional…
¿Tendrá conciencia el Presidente Uribe y sus legitimadores de ello?
