El escándalo tiene haciendo memoria a más de uno. Luego de las revelaciones hechas por varios medios informativos en las dos últimas semanas y que les costaron el puesto al director Seccional de Fiscalías de Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio y al general Marco Antonio Pedreros, algunos han comenzado a desempolvar carpetas, releer archivos y revisar conductas.
Uno que no pasó el examen fue Gustavo Villegas, director del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, en la administración de Sergio Fajardo.
El martes pasado, estando en China, a Villegas le tocó redactar su carta de renuncia como director de los Juegos Suramericanos de 2010, al no dar explicaciones satisfactorias por su relación con Juan Felipe Sierra Fernández, ex gerente y socio de la empresa de seguridad privada Control Total Ltda., investigada por sus nexos con Daniel Rendón Herrera, alias "don Mario", según las autoridades el mayor narcotraficante del país.
El alcalde Alonso Salazar aceptó la dimisión y dijo a este diario que "le perdió la confianza" (ver entrevista).
Y fue después del 4 de agosto, luego de la captura de Sierra Fernández, que el nombre de Control Total Ltda. comenzó a repetirse, aunque para algunos Sierra era un viejo conocido. Hay desmovilizados del bloque Cacique Nutibara que la recuerdan como la empresa que les prestó el servicio de seguridad personal.
Escoltas eran desmovilizados
"Cuando salíamos de La Ceja, el 16 de diciembre de 2003, no teníamos seguridad. El Gobierno nos ofreció escoltas de la Policía o del DAS pero no sentíamos mucha confianza hacia la fuerza pública. Por eso se tomó la decisión de que fueran hombres de la propia organización los que escoltaran a los ex comandantes", recuerda "Richard", ex militante de las Auc a quien se le cambia el nombre por petición suya.
"Como habíamos entregado las armas desde noviembre, la dotación para la escolta la dio Control Total. Ellos tenían revólveres, changones, chalecos antibalas y camionetas blindadas. Y los que pagaban eran los de Control Total. No sé bajo qué tipo de vinculación laboral", dice el hombre.
Según el reinsertado, el desorden de los escoltas llevó al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a terminar con ese sistema. "Los parceros se emborrachaban, chocaban los carros, disparaban al aire, a veces intimidaban a la gente, entraban a un restaurante con las armas expuestas y eso no le gustó al Gobierno", recalca "Richard".
Según el Comisionado, "cuando nosotros desmovilizamos al Cacique Nutibara, aunque existía un marco legal general que nos obligaba a darles seguridad a los desmovilizados, no existía un decreto reglamentario que definiera bien las competencias, entonces nos dedicamos a trabajar ese decreto que fue expedido en noviembre de 2004. Entre tanto, en esos meses recibimos quejas sobre un control que estarían manteniendo los miembros del Cacique Nutibara en las comunas en Medellín", dijo el funcionario.
El Alto Comisionado recuerda que por recomendación de la Policía "sí insistí en que específicamente a los miembros del Cacique Nutibara los trasladáramos a un esquema de seguridad totalmente estatal. Cuando tuvimos un decreto que nos permitía definir competencias yo les dije que no renovaba los contratos con esta empresa porque lo adecuado era que ellos quedaran bajo un sistema de seguridad estatal".
Incumplimientos
Para noviembre de 2004, terminaron los siete contratos entre el Gobierno Nacional y Control Total Ltda. con un costo de 4.914 millones de pesos, por concepto de 30 hombres protegidos durante casi un año, con un valor promedio de 163 millones de pesos por cada uno.
La empresa había sido elegida tres días después del 16 de diciembre de 2003, fecha en la que los 870 ex combatientes del Cacique Nutibara salieron de la sede de Prosocial, en La Ceja, rumbo a sus casas. En ese momento, el alcalde Luis Pérez había firmado un acuerdo con el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, en el que se comprometía, a través de Metroseguridad, a darles seguridad a los ex Auc.
"A la hora de la verdad, Metroseguridad y la Alcaldía de Medellín no nos cumplieron. Entonces a mí se me presentó un problema muy delicado porque yo no tenía cómo prestarles a ellos seguridad y estábamos ya en La Ceja, avanzando en el proceso. Entonces yo solicité a Presidencia que buscáramos una alternativa de seguridad privada", relata el Comisionado.
El Gobierno invitó a tres empresas a cotizar los servicios: Seguridad Atempi Ltda., Segurcol Ltda., y Control Total Ltda., que fue la única que respondió y con la que se contrató luego de constatar que tenía la autorización correspondiente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Atempi Ltda. no explicó por qué no presentó su cotización en dicho momento, mientras Segurcol Ltda. le dijo a EL COLOMBIANO que fue una decisión por el tipo de servicio y de personas a las que se les prestaría seguridad, algo que iría en contravía de las normas de calidad internacionales a las que están sujetos.
Este medio intentó conocer las versiones de Control Total Ltda., pero la empresa no se manifestó frente al tema.
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