La Ley de Justicia y Paz es el instrumento jurídico a través del cual los colombianos buscamos un equilibrio entre la justicia y la paz. Es una Ley con dos caras: la primera y más importante es la que permite la reparación integral de las víctimas, y la otra es la que otorga beneficios legales a quienes hacían parte de los grupos al margen de la ley.
Esta Ley ha permitido visibilizar a las víctimas. En Colombia todos sabíamos que había víctimas pero no sabíamos quiénes eran. Hoy, gracias a esta Ley hay más de 280 mil víctimas que se han registrado ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Gracias a ella hoy es posible saber la verdad. Hay mil 968 versiones libres iniciadas y 737 versiones libres en curso, más de 35 mil hechos denunciados de los cuales no teníamos conocimiento y 17 mil 262 crímenes y delitos confesados, los cuales están ligados a 41 mil víctimas que ya saben qué pasó con sus seres queridos.
Es también la Ley que garantiza la no repetición, gracias a un proceso de reintegración en el que hay más de 35 mil desmovilizados y sus familias, participando de un proceso que busca generarles capacidades para que sean ciudadanos de bien.
Algunos críticos de la Ley argumentan que no hay sentencias. Es bueno recordar que la Corte Penal Internacional se demoró siete años para expedir la primera sentencia, y en Colombia, gracias a un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia que permite las imputaciones parciales, este año veremos condenas.
Esta Ley les exige a quienes abandonaron la ilegalidad acceder a unos beneficios si cumplen con cinco requisitos fundamentales: que digan toda la verdad, que contribuyan a desmantelar el grupo ilegal al margen de la ley, que devuelvan sus bienes para reparar a las víctimas, que no vuelvan a delinquir y que se sometan a la justicia. Si cumplen, pueden ser elegibles para recibir la pena alternativa entre cinco y ocho años de prisión. Sin embargo, al proferir las sentencias, los jueces siempre la dictarán con una pena principal.
La Ley de Justicia y Paz colombiana es la Ley de justicia transicional más ambiciosa del mundo. Es un compromiso del Gobierno, de las instituciones del Estado y de la sociedad en su conjunto para proveer un marco jurídico en procesos de paz. El papel del Gobierno y del Congreso es el de direccionar las políticas criminales y el de la Rama Judicial, administrarlas. Aquí juegan un papel fundamental la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia.
En un país donde hemos vivido décadas de violencia profunda, las soluciones para acabarla y reparar a las víctimas no son a corto plazo. Por eso tenemos que trabajar con una visión amplia. Más que mirar la foto, hay que mirar la película. No hay ningún país del mundo que en cuatro años haya obtenido los resultados en términos de Verdad, Justicia y Reparación como los que ha obtenido Colombia, con una Ley hecha por colombianos para colombianos. Somos nosotros quienes cumpliendo los estándares internacionales, debemos diseñar, proveer e implementar las soluciones que nos lleven a alcanzar ese bien superior que es la paz.
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