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Una llamada sacó de sus vacaciones forzadas a Juan Manuel*, un mesero de 20 años que desde hace un año trabaja en una discoteca de Medellín. El sitio oficialmente cerró sus puertas luego de que el Gobierno Nacional declarara la cuarentena, pero las actividades no pararon.
“Desde finales de abril el negocio está abriendo clandestinamente para hacer fiestas privadas. Vienen vecinos o amigos del dueño que pagan una especie de cover para estar aquí. La música sí se maneja más bajito y la puerta está cerrada, pero de resto es una rumba normal: trago, música, luces, drogas”, cuenta el joven.
El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que ya se han encontrado varios casos de fiestas clandestinas. Una de las últimas terminó con la captura de nueve hombres y cinco mujeres en un bar del occidente de Medellín el 15 de mayo. “Estas personas violaron el aislamiento y fueron sorprendidas consumiendo alcohol y drogas”, dijo.
Y el fenómeno no parece ser aislado. En el Valle de Aburrá, en los 71 días de aislamiento, 136 personas han sido capturadas en eventos similares.
Los informes de la Policía Metropolitana dan cuenta de que los días con más capturados fueron los viernes, con 46 casos, seguidos por los lunes con 39 y los sábados con 21.
En un solo día, el lunes 18 de mayo, se logró el récord hasta ahora de capturas de este tipo: 30 personas. Y algunas celebraciones como el Día de la Madre, propiciaron un aumento en las llamadas ciudadanas reportando fiestas ilegales. “Hemos llegado a tener hasta 500 llamadas por perturbación del orden en una sola noche”, dijo el oficial.
¿Es delito?
En estos casos la captura se realiza por violación al artículo 368 del Código Penal, que dice: “el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”.
Pero considerando que estamos en una pandemia, los capturados no van a las celdas de las estaciones de Policía, como usualmente se haría.
“A estas personas generalmente se les deja en libertad porque es posible que si se llevan a las celdas haya un contagio (de coronavirus). Pero sí siguen en un proceso de judicialización y los jueces definen si los dejan en prisión domiciliaria, o libres, pero vinculados a la investigación”, agregó.
Pero no solo los participantes de las fiestas son detenidos o amonestados. Desde que se declaró el aislamiento preventivo obligatorio, y en todos los decretos que el Gobierno ha sacado desde entonces, se deja claro que está prohibido el consumo de licor en establecimientos abiertos al público.
Y se especifica que los bares y discotecas deben seguir cerrados, incluso en esta etapa de aislamiento inteligente en la que se permite que buena parte del comercio opere ( decreto 749 de 2020). Eso significa que los propietarios de esos establecimientos también podrían ser procesados.
Juan Pablo Valenzuela, director de Asobares en Antioquia, rechazó esas prácticas pues dijo que además de ir en contra de la salud pública, ponen en riesgo al sector. “Estos hechos no corresponden a la filosofía de legalidad y protección de la salud que como gremio hemos defendido. Es lo que menos necesitamos ahora porque no ayuda a nuestra reactivación y, por el contrario muestra desorden”, dijo .