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“Inequidad en colegios públicos se profundizará por pandemia”
Según la secretaria de Educación de Antioquia, el plan es volver a las aulas en enero de 2021.
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Alexandra Peláez es economista y magíster en Gestión y Políticas Públicas. FOTO Cortesía
11 de julio de 2020
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Los saldos rojos del sistema educativo oficial en Antioquia se hicieron más evidentes con la pandemia. El panorama de estudio en casa no es fácil, con el 75% de los estudiantes sin computador, como tampoco lo es el regreso a las aulas, dado que 544 sedes escolares ni siquiera tienen agua potable.
Con todas estas dificultades, Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación, enfatiza en que para ella es una prioridad la presencialidad, sobre todo por la salud mental de los niños y jóvenes.
EL COLOMBIANO dialogó con Peláez sobre lo que viene para las instituciones educativas. Algunas se plantean volver a las aulas bajo modelos de alternancia.
¿Cuáles son los planes para los colegios en medio de este año escolar tan traumático?
“Para Antioquia la presencialidad es una necesidad. Nos encantaría volver en el modelo de alternancia, porque lo que nos ha pasado en este tiempo es que muchos de nuestros niños tienen sus derechos vulnerados. Hemos tenido casos de abuso, desnutrición y creemos que las escuelas son, efectivamente, unos territorios seguros para los niños. Sin embargo, tomamos la decisión de priorizar la educación en casa, porque de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación encontramos que la Nación le indicó a los entes territoriales que los maestros que son mayores de 60 años con preexistencias deben permanecer con trabajo en casa. Para el caso de Antioquia, son 4.400 docentes que la IPS nos certifica con preexistencias, de una nómina de 19.400. Ese es un porcentaje alto.
El Ministerio también mencionó que necesitábamos manejo de agua potable, saneamiento básico y residuos. Hoy nos encontramos con que 544 sedes no tienen agua potable, el 13% de las sedes en el departamento. Eso afecta a 37.920 estudiantes. Finalmente, el transporte intermunicipal no está habilitado. Así que, por esos tres factores, priorizamos el estudio en casa. Eso no significa que no vayamos a volver durante el segundo semestre de 2020. Vamos a hacer pilotos con instituciones que ya nos han manifestado su voluntad de volver, que inicialmente empezarían con los grados décimo y once”.
¿Cómo va ese modelo de atención virtual?
“En este tiempo de pandemia hemos activado la radioeducación y la teleducación, hemos entregado dotación de guías. Reorganizamos el portal de la Secretaría de Educación para que los docentes de ahí puedan sacar talleres para hacer con los niños.
En Antioquia no se puede hablar de educación virtual, porque la conectividad a internet y la capacidad de las familias para pagar ese servicio no es suficiente. En un diagnóstico pudimos ver que el 75% de nuestros estudiantes no tiene computador y, de los que tienen computador, el 66% no tiene conexión. Entonces en Antioquia lo que opera es que los docentes construyen el taller y lo envían físicamente a las familias o lo envían por el Whatsapp. O, incluso, lo dejan en la papelería del pueblo para que lo puedan recoger. Así que en el Departamento de lo que hablamos es de un modelo de educación no presencial, asistido por el docente.
Frente a esta situación, creemos que el resto del año nos vamos a quedar en muchísimas sedes con educación en casa, pero abriendo pilotos para el regreso con las instituciones que estén de acuerdo, precisamente porque nos interesa que los niños estén en el entorno protector que es el colegio”.
Menciona que hubo un aumento de casos de abuso, ¿cómo le han hecho seguimiento a eso?
“Aquí está la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, que trabaja de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Lo que pasaba en las escuelas es que los maestros son los primeros que detectan esas situaciones, entonces nos hacen alertas tempranas. Al no estar el maestro en el aula con los niños, el proceso es mucho más dispendioso. La Gobernación de Antioquia ha habilitado varias líneas telefónicas, sin embargo en la no presencialidad pasan muchas cosas y a nosotros ya nos llega es el reporte. Ahí encauzamos los casos con la Gerencia de Infancia y ella con el ICBF.
Al principio, cuando empezó a la pandemia, salí a los medios de comunicación a decir que yo no podía tomar la decisión de desescolarizar, pero que me parecía un riesgo. En efecto, con los días, ese riesgo se materializa. Hay niños que no pueden volver, porque las condiciones no los dejan, pero nosotros sí queremos hacer el esfuerzo de que en donde se pueda se reinicie bajo el modelo de alternancia. Ese modelo es para el segundo semestre de 2020, porque esperamos que en enero de 2021 regresemos a una presencialidad total.
Como Secretaría de Educación tenemos como prioridad la salud mental de los niños, que llevan mucho tiempo en casa y necesitan otros niños”.
Siempre ha hablado de trayectorias completas por todo el ciclo educativo. ¿Le preocupa que, además del aumento de casos de abuso, se incremente también la deserción?
“Hay varias cosas que nos consultan mucho. Entre ellas, cuántos niños hay desescolarizados. Técnicamente está desescolarizado todo el país. No podemos hablar de niños desescolarizados. Tampoco podemos hablar de deserción, porque desertar es que el niño no vuelve a la escuela. Hoy nosotros sí sabemos que han permanecido en el sistema, con una modalidad de atención en casa, el 72% de nuestra matrícula. Hemos visto en este tiempo cómo algunas familias que tenían sus niños en el sector privado han ido migrando al oficial por la crisis económica. Eso lo vemos en la matrícula”.
¿Qué ocurre con el porcentaje restante?
“No tenemos información. Te pongo un ejemplo: hay municipios en los que no hay conexión a internet, ni luz. No tenemos esa comunicación permanente ni con la encuesta, ni con la llamada o el correo electrónico. Tenemos las evidencias de que el 72% de nuestra matrícula está estudiando con el modelo de atención en casa y esa es la cifra que, precisamente, le reportamos al Ministerio de Educación”.
¿Qué preocupaciones les han manifestado los padres de familias frente a la evaluación?
“Nos preguntan mucho si los niños van a perder el año. Hemos sido reiterativos en que esto es una flexibilización curricular absoluta. Creería que, en términos generales, no van a perder el año. Sin embargo habrá niños que, por la pandemia, no pudieron conectarse con los docentes, no los acompañaron. Finalmente esos estudiantes sí van a perder el año. Pero para nosotros lo más importante, más que los asuntos pedagógicos, es la garantía de derechos de los niños.
Nos preocupa, efectivamente, que los niños no desarrollen completamente sus competencias. Con seguridad el año entrante tendremos que priorizar aulas de aceleración del aprendizaje, nivelaciones de todos los contenidos. Será un trabajo arduo en vista de que los padres de familia no saben acompañar a sus hijos desde lo metodológico y pedagógico. Sabemos que muchos de los padres son analfabetas, no han terminado ni siquiera la primaria y así es muy difícil. Esta pandemia profundizará las inequidades, porque los niños de los colegios privados están teniendo educación virtual en casa con todos los recursos, mientras los estudiantes del sector oficial ni siquiera tienen la conexión necesaria”.
Precisamente hablando de inequidades, el diagnóstico del Plan de Desarrollo (2020-2023) es enfático en las brechas de acceso a la educación entre las zonas rurales y las urbanas. De cada 100 estudiantes que inician el grado primero en las instituciones educativas rurales en Antioquia, solo 22 terminan el bachillerato. ¿Cuál será la ruta de trabajo este cuatrienio en ese sentido?
“Lo primero que tenemos dentro del Plan de Desarrollo es un programa llamado ‘Unidos a un Click’, el cual contempla la conectividad de los 80 parques educativos, de las 411 sedes urbanas, las nueve ciudadelas y 3.923 sedes rurales. Eso implica una inversión de $100.000 millones. Nuestros niños, después de esta pandemia, deberán poderse conectar.
La otra meta es la construcción del Plan de Estudios para la educación formal y modelos flexibles para la zona rural. Muchas de las inequidades parten, precisamente, de que cada colegio enseña lo que puede. Queremos es que cada colegio enseñe lo que debe. Para eso haremos ese plan de estudio, que los colegios tengan una guía de lo que el niño debe aprender por grado y cómo lo debe aprender”.
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En los saldos rojos educativos también está la infraestructura. Hace poco se dio a conocer que, incluso, 544 sedes no tenían agua potable...
“Para nosotros realmente fue una sorpresa que, en un departamento que le ha apostado de manera histórica a la educación, nos hayamos encontrado con ese diagnóstico. Mucha gente me dice: ‘¿por qué les quitaron el agua a las escuelas?’. No, yo no le quité el agua, es que nunca han tenido. Consolidamos, junto al sector privado, la Alianza por el Agua para llevar agua potable a más de 500 escuelas. Esto es una meta prioritaria.
Soy amiga del regreso a las aulas, a pesar de que las condiciones de las escuelas oficiales nos llevaron a priorizar la educación en casa. El panorama no es fácil. En algunos colegios no vamos a poder volver: algunas escuelas tendremos que reubicarlas, en otras vamos trabajaremos arduamente por instalar el servicio de agua. Y hay escuelas donde volveremos con modelos de alternancia.
Además, tenemos $11.000 millones de pesos para infraestructura este año. Durante el cuatrienio haremos una inversión importante en ese tema, en vista de que nuestras instituciones son sedes muy viejas. Nuestra meta no es reponer instituciones completas, sino priorizar baños, cocinas, restaurantes y techos, lo que lo garantiza mejores condiciones de la población escolar”.
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A propósito de la reactivación de algunas obras del Fondo de Infraestructura Educativa —FFIE—, que estaban paralizadas por el cambio de contratista, ¿cómo va el seguimiento en Antioquia?
“Los colegios que está construyendo en Antioquia el FFIE, que son 54, serán destinados a la Jornada Única. Dependiendo de mí son solamente nueve, puesto que el resto están en Itagüí, Envigado, en Bello, Medellín, en Turbo, que son municipios certificados. Esas obras se reactivarán, algunas ya comenzaron. En Arboletes tenemos la Institución Educativa Miguel Ángel Garrido (con un avance del 99%), en Necoclí está la Institución Educativa Eduardo Espitia Romero (con avance del 45%), en Chigodoró tenemos la Institución Educativa Juan Evangelista Berrío de la sede Brisas de La Castellana (54%).
En El Carmen de Viboral tenemos dos: el Técnico Industrial Jorge Eliécer Gaitán (ejecución del 99%) y la Institución Educativa Fray Julio Tobón sede El Carmen (65%). En Vigía del Fuerte, en la institución educativa del mismo nombre, tenemos un avance solo del 7% y en Yondó, en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz (con un 43%). En Cañasgordas tenemos el colegio San Pascual (12% de ejecución) y en Abriaquí tenemos la Institución Educativa La Milagrosa (ejecución del 0%). El FFIE ya reinició visitas en los municipios con todos los protocolos”.
Usualmente se habla de la deuda educativa que existe en Antioquia y de los enormes pendientes por cubrir desde esta dependencia ¿Qué factores han sido reiterativos en la profundización de las brechas?
“Es una pregunta compleja. Creo que hay dos cosas fundamentales para romper esas brecha. La primera son los maestros. Se necesitan maestros con vocación de servicio, con formación y actualización permanente. No es lo mismo cuando tú le entregas a un niño a un docente que cumple con el mínimo a cuando los profesores se dedican a buscar cómo acompañar mejor a sus estudiantes. Para mí, los docentes son el eje que atraviesa la calidad educativa. Lo segundo son las familias. Si los adultos no acompañan bien a los niños, ellos no desarrollarán todo su potencial. También hay que entender las condiciones de las familias: si yo soy una madre con cinco hijos, sin empleo, y mi esposo trabaja en la cosecha de café, las prioridades de esa familia están centradas en la subsistencia. Cuando los asuntos económicos básicos no se han resuelto, es muy difícil que una familia le dé prioridad a la educación. Esas dos cosas no necesariamente dependen de la Secretaría, ahí hay una preocupación de la sociedad y una construcción colectiva. Los alcaldes tienen que preocuparse, los rectores, el sistema entero”.
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