viernes
7 y 9
7 y 9
El Gobierno le envió ayer un mensaje claro al Comité Nacional del Paro, en aras de entablar un puente institucional que permita superar las marchas que ya completan nueve días. En efecto, le notificó que está listo para recibir en la Casa de Nariño a una delegación, con el fin de discutir de forma directa el llamado Pliego de Emergencia.
El portador de la noticia fue el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien subrayó que ya se había hecho la invitación antes del pasado 28 de abril, día en el que iniciaron las jornadas de protestas en todo el territorio nacional.
“Desde antes del paro les manifestamos a las centrales obreras la buena disposición del Gobierno Nacional para reunirnos, y discutir, los temas que ellos han venido planteando”, aseguró Cabrera.
Con respecto al eventual encuentro, Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), dijo que, de encontrar voluntad en el Gobierno, están dispuestos a entablar una negociación. Y Fabio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), confirmó que anoche, al cierre de esta edición, estaban analizando la viabilidad de acudir hoy mismo a Palacio, pero aún no había decisión.
Si las centrales obreras deciden aceptar la propuesta oficial, habría un cambio en el cronograma de los “Encuentros sobre lo fundamental”, como bautizó Duque a estos diálogos institucionales, ya que la cita estaba en principio prevista para el 10 de mayo.
Miguel Ceballos, alto Comisionado para la Paz y quien lidera estos encuentros por instrucción del Jefe de Estado, confirmó la disposición del presidente Duque de recibir a los promotores del paro. Además, destacó los resultados de la última reunión, celebrada ayer con el poder Judicial.
En efecto, las altas cortes mostraron respaldo a ese diálogo nacional como instrumento para dirimir la controversia y desescalar las protestas, que en algunos casos han terminado en hechos violentos.
Así lo manifestó Antonio Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, quien aseguró, en una declaración hecha junto al presidente Duque, que hubo cinco conclusiones durante la cita.
En primer lugar, como se había mencionado, hizo notar el apoyo a la gran conversación nacional. Además, el magistrado remarcó el apoyo de los altos tribunales al orden institucional y democrático, “en el marco del respeto a la constitución política”.
Eso sí, hizo especial énfasis en su rechazo a “los actos criminales de violencia, terrorismo, vandalismo y vías de hecho que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre y al funcionamiento en general de la sociedad”.
Además, teniendo en cuenta la situación de orden público, Lizarazo apuntó que “los delitos registrados en el marco de la protesta contra cualquier ciudadano o servidor público deben ser investigados, priorizados y sancionados por las autoridades competentes”.
Finalmente, reconoció la utilidad de los programas sociales ejecutados por el Gobierno para amortizar la crisis de la pandemia en los hogares más vulnerables, iniciativas con las que, según el más reciente informe del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se han girado 14,9 billones de pesos a los beneficiarios.
Sin embargo, dos magistrados -Diana Fajardo y Jorge Ibáñez- se apartaron de esta postura (ver Paréntesis).
Duque, por su parte, dijo al término del encuentro con las cortes que todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos deben ser investigadas y sancionadas. E insistió en la relevancia del “proceso de escucharnos como sociedad y de encontrar soluciones que nos permitan seguir transitando en un entorno difícil, como el de la pandemia, pero donde nuestro país se reactive y genere bienestar para todos”.
A su turno, Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia, reveló que, durante la reunión con los magistrados, siempre se hizo hincapié en la separación de poderes en aras de garantizar el correcto funcionamiento de la democracia.
Igualmente, defendió que en el Gobierno “nunca hemos estado en desacuerdo con las marchas pacíficas”.
“El problema es cuando se altera el orden público, como lo estamos viendo en todo nuestro país, y se empiezan a ocasionar daños como consecuencia del vandalismo”, agregó el funcionario.
Y al ser consultado sobre la preocupación que ha expresado la comunidad internacional por posibles excesos de la Fuerza Pública, contestó que puede darse un “parte de tranquilidad”, e insistió en que “la democracia está funcionando perfectamente. Tenemos organismos de control acorde con nuestra Constitución Política”.
Según los datos manejados por la Defensoría del Pueblo, durante los días de protestas, 24 personas han perdido la vida, por lo que la Fiscalía General determinó crear una mesa interinstitucional de información para rastrear y divulgar todo lo que ocurra en el desarrollo de las movilizaciones y las potenciales confrontaciones entre civiles y Fuerza Pública.
“La Fiscalía, en el marco de sus competencias, determinó que 11 muertes se dan por ocasión de esas manifestaciones, siete están en verificación y seis homicidios no tienen vínculo con las manifestaciones”, apuntó Francisco Barbosa, titular del ente acusador.
Durante la jornada de ayer, las autoridades no reportaron víctimas mortales. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cali informó sobre dos agentes heridos con impacto de bala cuando se disponían a atender una denuncia de extorsión por parte de unos sujetos desconocidos en un sector conocido como El Ancla, aunque indicó que se investiga si están o no relacionado con las protestas.
De otro lado, la Procuraduría notificó que revisará toda la información canalizada por la Defensoría y la Fiscalía.
El Ministerio Público también comunicó la creación de una agencia especial para esclarecer el caso del ataque a Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, a quien se le diagnosticó muerte cerebral tras recibir 8 impactos de bala mientras participaba de las movilizaciones ciudadanas en la capital de Risaralda.
En medio de toda la agitación social vivida en los 9 días de protesta, las universidades también redactaron una carta, en la que instaron a fortalecer el diálogo frente a “temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como parte de un gran pacto social”.
En línea con ello, la academia -que también serán citadas a Palacio al diálogo con Duque- aseguraron querer contribuir en la agenda de discusión nacional con propuestas como un “pacto fiscal”, que consideran es indispensable para aportar al desarrollo económico sostenible, enfocándose en los más vulnerables.
Entretanto, los miembros de la llamada Coalición de la Esperanza confirmaron que hoy irán a Palacio, a pesar de que la cita oficial de los partidos políticos es el 14 de mayo. También están citados alcaldes y gobernadores, aunque anoche no se habían confirmado nombres.
Para Carlos Arias, docente de la maestría en estudios políticos de la Universidad externado, “el ciclo propuesto por el Gobierno es muy improbable que sirva para apaciguar los ánimos en el corto plazo”. No obstante, destacó la intención de tender puentes.
En todo caso, si los delegados del Comité del Paro deciden acudir a la cita con Duque, comienza una etapa crucial para buscar acuerdos, pues ellos podrían llamar al cese de las marchas. Ahí está la expectativa.