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Las 14 millonarias demandas internacionales contra Colombia
Tribunales de arbitramento internacionales las resolverán. Aspiran a más de $35 billones.
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Varios de los pleitos internacionales están relacionados con la decisión de la Corte Constitucional, en 2016, de delimitar el páramo de Santurbán. FOTO colprensa
16 de enero de 2020
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Las empresas que han demandado al Estado ante tribunales internacionales aspiran a unos 35 billones de pesos. Consideran que el Estado no respetó los tratados que las protegían.
A pesar de la suma, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, en entrevista con EL COLOMBIANO, dijo que demandar evita que “la discusión empresarial pase a una discusión diplomática”.
Sin embargo, son pleitos que, de resolverse de manera positiva para las empresas, afectarían el presupuesto de la nación, pues las pretensiones representan alrededor del 5 % del PIB (a corte del tercer semestre de 2019).
Las peleas
En 2016, la Corte Constitucional ordenó delimitar el páramo de Santurbán (Santander) y prohibió la minería allí.
Por esto, Eco Oro Minerals, Red Eagle Exploration y Galway Gold, de manera separada, demandaron a Colombia, considerando que la decisión afectaba sus intereses e incumplían el tratado de libre comercio con Canadá. En total, piden US$1.050 millones.
También con minería, y siendo el único caso que Gómez define como “difícil”, está Gran Colombia Gold, que inició una disputa por títulos mineros en Marmato (Caldas) con mineros ancestrales. Demandó al Estado por US$250 millones.
Otra canadiense es Glencore que tiene dos procesos en contra de Colombia. La primera surgió de una sanción de la Contraloría a Glencore en 2015 por conseguir, de manera irregular, un otrosí para la explotación de una mina de carbón en el Cesar. Aunque su pretensión inicial era de US$767 millones, se redujo a US$19 millones. Colombia solicitó en diciembre la anulación.
El segundo tiene que ver con la construcción de Puerto Nuevo en Santa Marta. Según la empresa, este es aprovechado por otras organizaciones para transporte, sin Glencore recibir nada cambio.
También en la costa, Reficar, la refinería en Cartagena envuelta en un grave escándalo de corrupción, tiene su tajada. Foster Wheeler, que representaba a Reficar, demandó a Colombia alegando que, por los procesos de la Contraloría en 2017, vio afectada su reputación. Aspira a que el país pague la sanción, cuyo monto está por definir.
Otras dos demandas que surgen de un mismo tema son las de la intervención del banco Granahorrar en 1998. Astrid Benita Carrizosa, por un lado, y, por el otro, los hermanos Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa demandaron. Astrid Carrizosa pretende que el Estado le pague US$40 millones y los tres hermanos quieren US$323 millones.
Telecomunicaciones
Esta rama tampoco está exenta de reclamos. América Móvil (Claro) y Telefónica S.A. (Movistar) demandaron por una sentencia de 2013, que obligó a que devolvieran el espectro electromagnético. Claro, que se conocerá el texto post-audiencia en marzo, pide US$1.208 millones, y Telefónica, US$380 millones.
También en tecnología, Neustar, la empresa que hasta el 7 de febrero administrará el dominio .co, demandó. Lo hizo después de que el Ministerio TIC decidiera no prorrogar este contrato. En total son US$350 millones.
Gas Natural Fenosa también acudió a los tribunales, ante la inminente crisis, interviniera Electricaribe en 2016. Ahora espera una retribución de US$1.547 millones.
Hasta Medellín llegan los pleitos. Los empresarios estadounidenses al frente de Meritage, el proyecto de lujo en Las Palmas, demandaron luego de que iniciara un proceso de extinción de dominio. Los inversionistas Angel Samuel Seda y otros piden US$350 millones.
La estrategia del Estado
Ante estos millonarios procesos hay voces que son críticas. Rafael Tamayo, profesor de Eafit, manifestó que la cantidad de pleitos internacionales pueden poner en tela de juicio la reputación internacional del país y afectar la inversión.
“Falta articulación entre los organismos del Estado y si alguno incumple, incumple es el Estado”, dijo Tamayo. Y agregó que la tasa de litigios es alta, aunque Camilo Gómez dice que hay países con muchos más litigios como Argentina (61), Venezuela (48) y México (32).
Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, afirmó que uno de los principales problemas es que las distintas dependencias del Estado tienen estrategias diferentes.
“En la medida en que los estados ven que hay demandas y que eso es un instrumento, lo usan. Sería preferible no tener ninguna, pero los tratados de protección tienen este instrumento”, dice Camilo Gómez. Y remata afirmando que “nuestra prioridad es defender de la mejor manera los intereses de los colombianos”.
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