Ser líder social, una profesión de alto riesgo

El informe de la ONU reseñó la violencia contra defensores de derechos humanos. El presidente Duque lo calificó como intromisión en la soberanía.

Imagen de referencia sobre homicidio. FOTO Archivo

La primera condición que el campesino puso a EL COLOMBIANO para realizar este artículo, es que no fuera citado como un líder social de Putumayo. “Eso es ponerme una lápida en la frente, me entiende”, aseveró. La segunda, fue que su nombre no fuera publicado por miedo a las represalias de los grupos armados ilegales.

“A nosotros nos tienen en la mira. Por eso preferimos estar en el anonimato para no terminar muertos como mis seis compañeros”, dijo el labriego.

Defender los derechos de las personas y asumir tareas de liderazgo social, son labores que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ANUDH, considera de alto riesgo. Solo en 2019, según su último informe, fueron asesinados 108 defensores, incluidas 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI.

Además, la labor social de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, JAC, se vio amenazada con el homicidio de 30 de sus integrantes, 16 menos que en 2018.

Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos humanos, precisó: “aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra los defensores de derechos humanos”.

Para John Fernando Mesa, coordinador de la mesa Redepaz Antioquia, el asesinato de los líderes y defensores de derechos humanos obedece a dos situaciones: la primera, la denuncia de la violación sistemática de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH); la segunda, el rechazo a los actores armados y sus acciones violentas, lo que genera que los repriman, desplacen o asesinen.

“Los actores armados son pagos por terratenientes o personas que se han apoderado de tierras y sirven de brazo armado para silenciar a quien proteste por el retorno o por el derecho a la tierra”, dijo Mesa.

Las zonas de más riesgo

La presencia de grupos ilegales como el Eln, los Caparrapos, la Mafia, el Clan del Golfo, el Epl, entre otros, es uno de los factores que pone en riesgo la vida de los defensores.

Sumado a esto, las disputas por economías ilícitas y los cultivos de uso ilícito, a las que se oponen los líderes sociales, ha delimitado las zonas con más riesgo. Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, son, según la ONU, los departamentos más peligrosos.

“De los 108 asesinatos documentados por el ACNUDH, el 75% ocurrió en zonas rurales, el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios con presencia de economías ilícitas y del Eln, así como de otros grupos violentos”, precisa el documento.

Generó inconformismo

Los datos presentados por Naciones Unidas con respecto a las violaciones de derechos humanos en el país generaron una enérgica reacción del Gobierno que lo calificó de impreciso y politizado.

El presidente Iván Duque expresó que el documento presentado por la ONU es una intromisión a la soberanía del país frente a las observaciones hechas por el organismo multilateral sobre la posición de la Policía y el Esmad.

“A mí me preocupa que haya imprecisiones y no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay dieciséis. Estamos acercándonos a 680 obras por PDET, vamos a llegar a 700 muy pronto, hemos activado el sistema de obras por impuestos (...) nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo de los PDET”, dijo Duque.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó a través de un comunicado que ayer elevó sus observaciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

“Colombia lamenta que la Alta Comisionada no menciona los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales”, dijo la Cancillería.

Con las cartas del Gobierno y la ONU sobre la mesa, el movimiento Defendamos la Paz, conformado por académicos, periodistas y personajes como Humberto de La Calle, María Ángela Holguín, Juan Fernando Cristo, y congresistas como Iván Cepeda y Juanita Goebertus, respaldaron el informe de Naciones Unidas y aseveraron que no hay dicha intromisión porque la defensa de los derechos humanos está por encima del principio de no injerencia en asuntos internos.

“El Acuerdo de Paz le dio a la Oficina funciones de verificación en derechos humanos. Este nuevo cuestionamiento se enmarca en un patrón de enfrentamientos con el sistema de Naciones Unidas que puede terminar configurando un ataque más al Acuerdo”, expresaron voceros del movimiento.

A su vez, el expresidente Ernesto Samper, expresó en su cuenta de Twitter que lamentaba “la actitud defensiva y grosera del Gobierno frente al informe de la Oficina de la misión ONU sobre la situación en Colombia. De lo que se trata no es de cambiar la imagen sino la realidad de los derechos humanos en el país”.

líderes fueron asesinados en Antioquia en 2019 según datos de la ONU.