La disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico en una cárcel de Manaos, en el estado brasileño de Amazonas, dejó 60 muertos ayer.
Sergio Fontes, secretario de Seguridad Pública de Amazonas, dijo en rueda de prensa que el número de víctimas podía subir y que desconocía la magnitud total de los hechos.
Según dijo el secretario a la prensa, muchos de los presidiarios fueron decapitados y sus cuerpos fueron lanzados por encima de una muralla de la prisión.
Pedro Florencio, secretario del sistema penitenciario de Amazonas, aclaró a los medios que la masacre fue una “matanza por revancha”. Y es que la banda Primer Comando de la Capital (PCC), la más poderosa de Brasil, con su núcleo en Sao Paulo, se enfrentó desde la tarde del domingo a Familia del Norte, un grupo de Manaos, en el complejo carcelario Anisio Jobim, dejando heridos a decenas de prisioneros y provocando un escape masivo, que de acuerdo con las autoridades, sirvió para distraer a los guardias.
Se repite la pesadilla
“Esto es una triste y vieja historia de Brasil”, comenta Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Wilson para la investigación.
Desde 1987, al menos 14 motines han dejado decenas de muertos en ese país suramericano, con el agravante de que no ha habido mayores avances en la justicia.
De acuerdo con el experto, desórdenes similares al de Manaos, pero en 1992 y 2006 (ver cronología), han resultado en muy pocas condenas y han perpetuado el ciclo de la violencias en las cárceles: “siempre es la misma pesadilla. Grupos de crimen organizado, que se organizan dentro de las cárceles, logran complicidad con los guardias y con la gente que está encargada de administrar estos espacios y se salen por completo del control”.
Sotero explica que el PCC controla por medio de acciones criminales las prisiones y protege a sus miembros con una eficacia pasmosa, lo que conduce a un problema serio de aplicación de la ley de gobernanza de estos espacios, los cuales, por su repetición, no parecen dar señas de mejoría.
A esto se suma que la huida de personas condenadas de esta cárcel “exportará el problema de violencia a las calles y perpetuará su influencia dañina en la sociedad”, teme el director del Instituto Brasil, para quien la sociedad deberá seguir afrontando el problema en medio de un gobierno desacreditado por la corrupción, y proyectando la sensación a la gente de que sus funcionarios están corroídos y son ineficientes.
Ahora bien, de fondo está el problema de la administración de las cárceles en Brasil, con la dificultad de que ese estado afronta una crisis económica que, a la cabeza de Michel Temer, redujo el gasto público para programas sociales.
Por ejemplo, la sobrepoblación carcelaria no parece tener soluciones. El complejo donde ocurrió el motín ayer alberga a 2.230 personas, pese a tener capacidad solo para 590.
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