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Si en Colombia hay cierta preocupación por la suerte de 15 connacionales condenados a muerte fuera de fronteras, Amnistía Internacional (AI), alerta de un asunto generalizado en el globo y lejos de acabar. Mientras las ejecuciones se redujeron en 2014, el tema continúa alarmando a la ONG, todo porque en cualquier caso, este tipo de sentencias aumentó en más de 500, con 2.466 fallos frente a 1.925 en 2013.
Según su informe anual, hubo 607 ejecutados el año pasado, lo que significa una disminución del 22 por ciento frente a las cifras anteriores (778). La mayor parte de estos fueron liquidados en Irán, con 289 muertes reconocidas (se habla extraoficialmente de 454), seguido por Arabia Saudita con 90, Irak con 61 y E.U. con 35. En total, 22 países siguieron esta vía.
“Cuando los gobiernos dicen que usan la pena de muerte en respuesta al delito y al terrorismo, se equivocan; la pena de muerte no es la solución”, dijo Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, en conferencia de prensa desde Londres.
Pero lo más grave aquí es lo que no se sabe, según señaló la ONG. En este sentido, China cobra especial relevancia, ya que como en los años anteriores, no se conocen cifras que son secreto de Estado, pero que se estiman en miles, por lo que Gaughran aseguró que “superan a las del resto del mundo junto”.
Otro factor igualmente preocupante es la cantidad aún mayor de condenas a muerte alrededor del mundo, que el año pasado llegaron a las 2.466, alrededor de la mitad de ellas dictadas en Egipto (509) y Nigeria (659). Es de recalcar que ambas naciones tienen inestabilidad política y que el incremento es de más de 500 en ambos casos.
Amnistía ve el aumento como señal de que los países están utilizando la pena de muerte como un recurso para “luchar contra amenazas reales o percibidas a la seguridad del Estado, relacionadas con el terrorismo, el delito o la oposición ”, advirtió Gaughran.
Tal vez por este motivo, como aseguró, se puede fácilmente incurrir en cientos de errores, recalcando que 113 personas erróneamente condenadas fueron liberadas en 2014. “Esta cifra es muy perturbadora, porque revela la frecuencia con la que se condena a inocentes”, concluyó.
Consultado por EL COLOMBIANO, Carlos Arévalo, docente de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, coincidió y agregó que “la comunidad global debe buscar mecanismos para hacer un seguimiento detallado de todos estos casos, y determinar si son injustos o politizados. Incluso de los que no sabemos, en naciones que no los informan”.