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Roberto Moreno Ramos es un mexicano que fue condenado en 1993, en Estados Unidos, por el asesinato de su mujer y sus dos hijos, que fueron encontrados enterrados debajo del baño de su casa. Y, aunque su ejecución debería llevarse a cabo el próximo 14 de noviembre, en el momento del juicio no recibió ayuda consular y México tiene dudas sobre el proceso judicial en su contra.
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Su caso escaló hasta aa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió a Estados Unidos que suspenda la ejecución. “La CIDH insta a los Estados Unidos, y en particular al Estado de Texas, a que respeten plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, dijo este ente autónomo de la OEA.
CIDH insta a Estados Unidos a suspender la ejecución de Roberto Moreno Ramoshttps://t.co/jLSUeEwg5c
— CIDH (@CIDH) 1 de noviembre de 2018
El caso que divide a Estados Unidos y México
Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, también estudió la situación de Roberto Moreno y ordenó a Washington tomar medidas para impedir su ejecución en 2003.
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En 2004, la CIJ volvió a pronunciarse sobre el destino del condenado en el llamado Caso Avena, entonces el tribunal con sede en La Haya se dijo a favor de la revisión de los expedientes de 51 mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos.
La CIDH ya había adoptado medidas cautelares a favor de este condenado en 2002. Posteriormente, en 2017, el condenado perdió un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Posición de la CIDH
“La Comisión Interamericana recuerda al Estado que, al llevar a cabo la ejecución de Roberto Moreno Ramos, cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana”, dijo.
En su comunicado, la CIDH celebró que este mes la Corte Suprema del estado de Washington declaró inconstitucional la pena de muerte por considerar que era aplicada de una manera “arbitraria” y “racista”.
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La pena capital está en retroceso en Estados Unidos, donde solo 39 acusados fueron sentenciados a muerte en 2017, contra 295 en 1998 o 114 en 2010. En los 30 estados donde la pena de muerte es permitida, 16 no han llevado a cabo ninguna ejecución desde 1976. Este año 18 detenidos han sido ejecutados, diez de ellos en Texas