Tras firmar la orden ejecutiva para construir un muro en la frontera con México, al sur del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció las acciones que tomará contra las llamadas Ciudades Santuario, las que protegen a inmigrantes ilegales, medidas en las que avanzan con rapidez en sus planes para frenar la inmigración e impulsar la seguridad nacional.
Las medidas suprimirán fondos federales a las ciudades que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen, entre las que se incluyen Chicago, Nueva York, Los Ángeles y unas 300 más en todo el país.
Trump aseguró que con estas decisiones su país “recuperará sus fronteras” y pondrá freno al “aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica, que está dañando tanto a Estados Unidos como a México”.
En los próximos días se espera que el mandatario republicano adopte también medidas para limitar la inmigración legal, incluyendo decretos para restringir la llegada de refugiados y bloquear la emisión de visas a personas de varios países de Oriente Medio y el norte de África de mayoría musulmana como Siria, Sudán, Somalia, Irak, Irán, Libia y Yemen.
Ambas acciones cumplen con algunas de sus promesas de campaña más aclamadas durante el ciclo electoral respecto al endurecimiento de las leyes fronterizas y migratorias.
Los planes de Trump generaron críticas inmediatas por parte de defensores de los inmigrantes, que aseguraron que se están poniendo en peligro los derechos y libertades de millones de personas.
“El muro fronterizo es un teatro político a expensas de las libertades civiles”, dijo Christian Ramírez, director del grupo defensor de los inmigrantes Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
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