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El viaje de Venezuela a Medellín para estar en la Asamblea
Hablamos con los defensores de derechos humanos que traen denuncias sobre la situación de ese país.
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Las ONG venezolanas recogen estadísticas de DD. HH. omitidas por el oficialismo. FOTO mANUEL sALDARRIAGA
24 de junio de 2019
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Gabriel Cabrera partió el sábado desde la ciudad de Valencia, ubicada en el estado Carabobo, de Venezuela, para llegar a Medellín a participar de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que será esta semana en Plaza Mayor.
Este joven de 21 años y líder estudiantil emprendió una travesía de más de 30 horas por tierra para llegar hasta Colombia con el objetivo de tener unos minutos de intervención ante el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, en los que pueda plasmar las investigaciones que ha hecho como activista de derechos humanos.
Cabrera viaja en representación de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho (Fenede), de la que hace parte. Cursa cuarto año de este pregrado en la Universidad de Carabobo y quinto semestre de Periodismo en la Universidad Arturo Michelena. En los folios que construyó con otros alumnos están los asesinatos a indígenas en el sur del país, la detención de jóvenes y la historia de un compañero suyo que perdió un ojo a causa de un disparo del Ejército.
El olvidó de los indígenas
En el sur del Estado Bolívar, donde está la Gran Sabana, habita la comunidad de Kumarapakay, donde vive la etnia pumán. “Desde 2017 desconocieron el régimen de Nicolás Maduro porque viven una situación precaria. Entonces, eso llevó a una arremetida de la Guardia Nacional Bolivariana en su contra”, narra Cabrera.
Datos suministrados a EL COLOMBIANO indican que entre diciembre de 2018 y febrero de este año 15 personas de la etnia fallecieron en ejecuciones extrajudiciales y hubo diez desapariciones forzadas. El 23 de febrero, con el ingreso fracasado de la ayuda humanitaria, las fuerzas del Estado arremetieron contra la comunidad porque intentaron ingresar estos alimentos y medicamentos.
Su territorio fue proclamado como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1994, debido a sus bondades naturales, a pesar de esto, denuncia Cabrera, el oficialismo estaría permitiendo la explotación minera por parte de empresas chinas.
“Tuvieron que acudir a la autodefensa y han tenido enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Ellos, siguiendo la ley pemón, retuvieron a miembros de la Guardia Nacional para que los generales soltaran a personas de su comunidad que tenían retenidas”, explica.
Clamor por los estudiantes
David Gómez Gamboa es el director de Aula Abierta, ONG que trabaja por los derechos de los universitarios en Venezuela y que desde el año pasado creó una capítulo para toda Latinoamérica. Este abogado y profesor universitario partió desde Maracaibo, Estado Zulia, por tierra hacia Barranquilla en un viaje de doce horas. Y desde esa ciudad tomó un vuelo a Medellín, para llegar a la Asamblea.
Esta no es la primera vez que Gamboa y su equipo se presentan ante el organismo. Reiteradamente y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado lo que califican como una política represiva del régimen hacia los estudiantes desde el año 2000.
La organización denuncia que la administración de Maduro tiene una política de asfixia presupuestal contra las instituciones educativas y pone como ejemplo la Universidad de Zulia, en la que el presupuesto para el 2019 fue menos del 1 % del monto solicitado y los profesores reciben como salario entre 3 y 7 dólares, cuando en otros países de la región su pago supera los 3 mil dólares.
Gamboa explica que la deserción de estudiantes universitarios alcanzó el 70 %; la de los profesores, el 50 %, a causa de la migración por la falta de condiciones dignas de vida. Hay docentes que se convirtieron en presos políticos como Santiago Guevara, de 67 años, y alumnos que han sido juzgados penalmente en tribunales militares.
A pesar de este contexto adverso, “la universidad sigue abierta y en pie de lucha. Sus profesores y estudiantes entienden que son el motor de la democracia y del desarrollo”, sentencia Gamboa.
No olvidar al migrante
Gabriel Valles, defensor de derechos humanos y expreso político del régimen de Maduro, ya hizo esa travesía de Venezuela a Colombia para denunciar las adversidades a las que están expuestos sus compañeros de lucha, cuando tuvo que refugiarse en el país, tres meses atrás.
Estar en los peores centros de tortura, La Tumba y El Helicoide, no apagaron la bondad de su trabajo como defensor y activista, motivos por los que terminó preso. Entonces, como todo un ejemplo de resiliencia, Valles emprendió proyectos con niños y migrantes. Recorrió la frontera para revisar las condiciones en las que estos están y construyó una iniciativa para alejarlos de contextos violentos y educarlos en derechos humanos.
Valles, a nombre de la Fundación Bosquejo, espera hacer relaciones públicas con diplomáticos y otras organizaciones para denunciar cómo viven los migrantes y compartir los proyectos que desarrolla en Colombia: clases de artes plásticas e inglés con niños migrantes venezolanos.
“Para que se generen cambios hay que pensarlos a largo plazo. Los niños no tienen ese vicio social de las personas de mi generación de haber vivido tanto tiempo en un sistema paternalista que no estimula la producción, que no te permite realizarte como individuo. Los pequeños, dentro de 20 años, van a ser el futuro de Venezuela”, afirma Valles.
Desde su país otros compañeros suyos organizan clases de derechos humanos para niños de sexto grado.
Ser mujer en la crisis
Aixa Armas, presidenta de Mujer y Ciudadanía, esperaba llegar a Medellín en compañía de Fabiana Rosales, esposa del presidente interino Juan Guaidó, y Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional, pero las condiciones de seguridad de Rosales y Bolívar impidieron su arribo a la ciudad.
Entonces, Armas tomará la vocería de las mujeres de su país durante el foro sobre la Situación de Derechos Humanos de las Mujeres en la Conflictividad en Venezuela, que se realizará el martes, en la Sala del Concejo del Museo de Antioquía, a las 2 de la tarde. Actividad alterna de la Asamblea.
El resto de la semana estará en Plaza Mayor llevando denuncias sobre su tema de trabajo.
“Somos testigos de las graves violaciones a los derechos humanos a las que se enfrentan las mujeres y niñas. Es una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo por la situación humanitaria compleja que vivimos”, cuenta la activista.
Venezuela en la Asamblea
Cerca de 30 organizaciones venezolanas llegan esta semana a Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA. Ante las dificultades que tienen para conseguir presupuesto, algunas viajan por tierra y buscan los lugares más asequibles para alojarse, comer e imprimir el material que entregarán en el marco de la cumbre.
Además, Julio Borges, embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, será el encargado de representar al presidente interino Guaidó en este evento. Vale recordar que en abril de este año el régimen de Maduro se retiró del organismo. Entonces, la OEA aceptó a Gustavo Tarre como representante especial del país designado por la oposición.
Entre tanto, el secretario Luis Almagro, el presidente Iván Duque y otras autoridades de la región han señalado la importancia que tiene este ente multilateral en el tratamiento de la crisis de ese país y la migración que afecta la región.
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