Entre 2009 y 2014, un funcionario del Gobierno colombiano, según el Departamento de Justicia de EE.UU., recibió 6.5 millones de dólares (cerca de 18 mil millones de pesos) en sobornos que entregó la compañía Odebrecht, empresa a cargo de grandes obras de infraestructura en 12 países de Latinoamérica y África.
En Colombia, según este mismo organismo, la multinacional “pagó más de 11 millones de dólares para conseguir contratos públicos” (incluidos los 6.5 entregados al funcionario), con los que logró beneficios por más de 50 millones de dólares. Igual hizo en Ecuador, Argentina y Panamá. El monto por sobornos se calcula en 788 millones de dólares.
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Tras conocer el escándalo, la Fiscalía ordenó allanar las oficinas de Cormagdalena, donde Odebrecht tiene participación. En segunda medida, el ente acusador revisó contratos que desde 1991 ha sostenido la firma con el Gobierno Nacional.
A cargo del caso quedó un equipo de la Dirección de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción. En caso de encontrar culpables a los directivos de Odebrecht en el país, comenzaría un proceso penal que podría afectar dos megaproyectos en los que participa la cuestionada firma: la Ruta del Sol, sector 2, y la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.
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El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, le confirmó a EL COLOMBIANO que la entidad firmó un acuerdo con la Fiscalía para esclarecer, en el menor tiempo posible, la identidad de los funcionarios implicados.
Según Enciso, en la mañana de ayer le pidieron colaboración al Departamento de Justicia de EE.UU. “para esclarecer quiénes son los funcionarios públicos colombianos involucrados con el pago de sobornos. Tenemos entendido que la etapa más crítica del escándalo ocurrió entre los años 2009 y 2010”.
En una rueda de prensa, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, reiteró que primero se deben establecer los nombres de los funcionarios implicados antes de tomar acciones sobre las megaobras.
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Antes de que llegaran posibles críticas y cuestionamientos, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, declaró en medios de comunicación que es el presidente actual, Juan Manuel Santos, quien debe “decir todo lo que sabe” sobre el caso de los sobornos.
Uribe le solicitó a Santos que “confirme si tuvo o no una reunión con los directivos de Odebrecht en Panamá durante la Cumbre (de las Américas). Si tuvo esa reunión, que le informe al país todo lo que sabe”. Frente a posibles acusaciones en su contra, Uribe declaró que durante su vida pública ha “manejado con absoluto cuidado los recursos del Estado”.
En respuesta, el presidente Juan Manuel Santos expresó mediante un comunicado la disposición de su Gobierno para colaborar en la investigación. “El Gobierno Nacional es el primer interesado en ir al fondo de este tema y llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias”, enfatizó.
Las megaobras
Uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en los que participa Odebrecth es la construcción de la Ruta del Sol 2, la cual fue adjudicada en diciembre de 2009. Actualmente, la obra avanza a buen ritmo, con un 60% de ejecución. Los dos tramos, de 1.000 kilómetros, conectarían a Bogotá con la costa Atlántica.
Sobre esta obra, Uribe aclaró que “el proyecto fue estructurado por la IFC (Corporación Financiera Internacional) perteneciente al Banco Mundial. Para la evaluación de propuestas se contrató un panel de expertos. Dentro de dicho panel se encontraban el magistrado Ricardo Hoyos y Gustavo Cuberos en la parte legal”.
La segunda megaobra en la que participa la firma es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que está en riesgo de perder la financiación por el caso de corrupción. La recuperación del río consiste en hacer navegable los 1.528 kilómetros del afluentes. Esta obra fue adjudicada en 2014 a Navelena SAS, donde Odebrecht cuenta con el 87% de participación.
Las sospechas sobre el naufragio de este proyecto vienen desde junio, cuando Navelena incumplió con la acreditación de los recursos financieros: 650.000 millones de pesos para la construcción y una deuda por 1,6 billones de pesos.
De hecho, en junio se agravó la situación de Odebrecth, pues su presidente, Marcelo Odebrecth, fue capturado en Brasil por actos de corrupción que involucraron a Petrobrás. En ese entonces, los voceros de la empresa en Colombia señalaron que dichas investigaciones “no afectan de ninguna manera las operaciones de la compañía. Las operaciones en cada Estado son independientes”.
Indignación internacional
Además de Colombia, nueve países latinoamericanos —Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela—, y dos africanos —Angola y Mozambique—, aparecen señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU. como territorios en los que Odebrecht obtuvo contratos públicos mediante millonarios sobornos.
Mientras investigadores de todos esos países escrutan el informe de Washington sobre la extendida corrupción en torno a la constructora en América Latina y África, y contactan a quienes adelantan la pesquisa en EE. UU., la firma brasileña pactó con la justicia suiza y la estadounidense pagar la multa más grande de la historia: 3.500 millones de dólares para obtener una reducción en el castigo.
Aún así, con tantas naciones y funcionarios estatales implicados en la trama de sobornos, las implicaciones que dejará este caso, especialmente en países latinoamericanos, apenas comienzan. Así lo consideran expertos consultados por EL COLOMBIANO.
“Lo que revela el caso Odebrecht en la región es una relación íntima entre una clase política tradicional que se dejó corromper —y que no se ha podido renovar—, y este tipo de empresas para la asignación ilegal de contratos”, dijo Mauricio Reyes, internacionalista y docente de la Universidad Nacional.
“Todo esto genera entre la población una crisis de credibilidad en los políticos de derecha e izquierda, viendo la necesidad del surgimiento de una nueva cultura política y de mayores controles sobre las personas que son elegidas”, agregó.
¿Pero cuál de estos países sería el más afectado por el escándalo? Para Reyes, sin duda, Brasil seguirá estando en el centro del huracán, y en momentos en los que se intentaba recuperar de su crisis política y económica, la ampliación de este caso a un bochorno internacional “minará aún más la confianza en sus empresas e instituciones, y profundizará su bache. El gobierno actual (Michel Temer) no fue un reemplazo moral, sino que demostró que la corrupción en ese país se extiende por todas las corrientes políticas”.
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