Con divisiones entre sus miembros, el Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluó si el presidente Barack Obama se excedió o no en su poder al proclamar un plan para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Un empate entre los ocho magistrados que componen actualmente el alto tribunal supondría un duro golpe para Obama y para los millones de inmigrantes que se beneficiarían de esas medidas migratorias, que además podrían ser derogadas por el próximo presidente que llegará al poder en enero de 2017.
Mientras miles de personas se manifestaban fuera de la Corte Suprema, en el interior, el Gobierno defendió las medidas proclamas por Obama en noviembre de 2014 para evitar la deportación de jóvenes indocumentados y padres con hijos con ciudadanía estadounidense o con residencia permanente.
Estas medidas fueron bloqueadas por iniciativa de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores de filiación republicana.
“No estamos tratando de cambiar el estatus legal de nadie en Estados Unidos”, argumentó en la audiencia Donald Verrilli, el abogado del Estado.
El juez conservador Anthony Kennedy, que en muchos casos es el jugador clave en una votación ajustada, cuestionó que Obama pueda suspender las deportaciones de millones de personas sin el visto bueno del Congreso, al considerar que esa “es tarea legislativa”.
En cambio, la jueza de inclinación progresista Ruth Bader Ginsburg opinó que “inevitablemente hay que plantear prioridades” a la hora de deportar o no a los indocumentados del país, algo con lo que coincidió la magistrada hispana Sonia Sotomayor.
El presidente de la máxima instancia judicial, John Roberts, abarcó uno de los argumentos principales que emplea Texas en su demanda: los daños económicos que provocaría emitir de manera masiva las licencias de conducir.
Ante el argumento, el Gobierno alegó que los estados no tienen ninguna autoridad para desafiar las acciones ejecutivas porque, al no haber entrado en vigor, todavía no han causado ningún daño concreto y tangible a los estados y, por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis.
La inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia dejó vacante un asiento en el Supremo y abre la posibilidad de un empate entre los ocho magistrados restantes, que deben decidir sobre el caso antes del final de junio próximo.
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