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Los sucesos indican la radicalización del gobierno que usa como pretexto de conspiraciones.
Entre la polarización que ha marcado a Venezuela en las últimas décadas, y que se ha enconado en los últimos meses, las versiones de los distintos sectores políticos en el país vecino frente a lo ocurrido el martes en Caracas son contradictorias.
Mientras que el régimen de Nicolás Maduro califica el ataque aéreo sobre las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior como una prueba de la escalada golpista en su contra, la oposición ha sido cautelosa y en lo poco que ha expresado se puede leer que no descarta un pantallazo maquinado por el mismo mandatario para justificar políticas represivas.
Cuando el país se debate en esa incertidumbre, el mismo TSJ se encargó de quitarle las funciones al Ministerio Público que lideraba la disidente Luisa Ortega Díaz, y dejarlas en manos de una Defensoría del Pueblo que el régimen tiene en su bolsillo.
“Investida de autoridad y con fundamento en el artículo 333, pido el restablecimiento de esta Constitución y que estas sentencias...