viernes
7 y 9
7 y 9
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, Vladirmir Padrino López y otros integrantes de su gobierno están vinculados a posibles “crímenes de lesa humanidad”, afirmó ayer una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.
Otro miembro de la misión, el chileno Francisco Cox, declaró que encontraron evidencias de que Maduro había informado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado para sofocar a la oposición”, sostuvo.
En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
En defensa del régimen de Maduro, el canciller Jorge Arreaza aseguró que el documento de la Misión de la ONU “es un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”, sentenció. El documento de la Misión, si bien no es vinculante a un proceso penal, sirve como insumo para las denuncias que ONG y oposición documentan sobre el régimen chavista.