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Deforestación sigue haciendo estragos en áreas protegidas
La motosierra y las quemas continúan al interior de siete parques en la Amazonia.
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Este es el panorama con el que se toparon las autoridades en Chibiriquete en el operativo el 20 de febrero. FOTO cortesía fiscalía
04 de marzo de 2021
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En apenas seis meses, entre septiembre y febrero pasado, fueron arrasadas más de 1.000 hectáreas de bosque primario en el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, 180 hectáreas más de lo que perdió en todo 2019, según los resultados de Monitoreo de Deforestación que entregó el Ideam en julio de 2020.
La cifra actualizada fue entregada por el proyecto Monitoring of the Andean Amazon –MAAP– de la organización Amazon Conservation, y constató el panorama del arco de deforestación al noroeste de la Amazonia colombiana, entre los parques nacionales Tinigua, la Macarena, Chiribiquete y La Paya.
Este mismo sistema de monitoreo había señalado en junio de 2020 que durante los primeros 5 meses del año entre Tinigua, Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nacional Nukak la tala había desaparecido 7.700 hectáreas de bosque, una cifra que ya a esa altura del año respaldaba las hipótesis de una agudización de este flagelo en áreas protegidas durante la pandemia, pues en todo 2019, en esas mismas zonas, la deforestación había sido de poco más de 10.000 hectáreas.
Pero el último reporte publicado hace poco más de una semana, en el que hace énfasis en la situación de Chiribiquete y La Paya, es particularmente relevante por dos razones.
Primero porque ayuda a dilucidar cómo se comportó la deforestación al cierre de 2020 en el país, al menos en la Amazonia, ante la ausencia de información al respecto, pues el último boletín de Alertas de Deforestación Temprana que entregó el Ideam fue en octubre y correspondió al segundo trimestre del año (entre abril y junio), es decir, el país lleva una brecha de información oficial desde hace 8 meses, a pesar de que en entrevista con EL COLOMBIANO, publicada el 8 de diciembre, la directora del Ideam, Yolanda González, señaló que se encontraban preparando el boletín para el tercer trimestre para publicarlo en días posteriores.
Y segundo porque evidencia la voracidad de la tala y los móviles involucrados, toda vez que entre noviembre y diciembre, en Chiribiquete, fueron deforestadas 225 hectáreas en una zona donde justamente las imágenes satelitales reflejan la conversión de bosque primario a pasto para alimentar ganado.
Esta información corrobora lo que dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible –FCDS–, quien señala que "la deforestación en Chiribiquete es un proceso sostenido que se expande en varios frentes simultáneos, tal como ocurre no solo en otros parques nacionales sino en resguardos (Nukak y Yaguara), trazando carreteras, con el motor de la ganadería ilegal, sumado a otras actividades ilícitas, y un conglomerado de cabezas como responsables, entre los que se mezclan colonos, mafiosos, grupos armados, empresarios y hasta políticos".
Botero advirtió la situación el pasado 11 de febrero, tras realizar un sobrevuelo en el que además identificó 20 incendios en medio de la actividad deforestadora, principalmente en Calamar (Guaviare), Macarena (Meta), San Vicente del Caguán, el parque Nacional Tinigua, y el resguardo indígena Yaguara.
El biólogo de Cormacarena, Iván Darío Escobar, explica la gravedad de alterar la conectividad de las áreas cercanas a la Serranía la Macarena.
“En la serranía convergen ecosistemas andinos, con los de la Amazonia y Orinoquía, que permite la presencia en La Macarena de 245 especies de peces, 737 de aves, 68 de reptiles y 39 de anfibios, además la conectividad es clave para garantizar la regulación y suministro del agua, es decir, presta un servicio ecosistémico fundamental para la región y el país”.
La respuesta del Estado
El pasado 20 de febrero, tras dos días de operaciones conjuntas entre Fiscalía, Ejército y Policía constataron la deforestación de 3.000 hectáreas al interior y zonas aleñadas a Chiribiquete, capturaron a siete hombres en flagrancia, en los sectores conocidos como El Camuya, Ciudad Yarí y La Primavera; y se incautaron motosierras, hierros de ganado, guadañas y otros elementos usados para la tala.
Estas personas fueron imputadas por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio. Además, otras tres personas que estaban incluidas en el cartel de los más buscados por deforestación en la Amazonia fueron capturados, en Florencia, Caquetá, y judicializados por auspiciar actividades ilícitas en las Sabanas del Yarí.
El ministro de Ambiente, Carlos Correa, reiteró el martes pasado en reunión con los embajadores John Peter Opdahl (Noruega); Peter Ptassek (Alemania) y Colín Martin- Reynolds (Reino Unido), principales cooperantes del país en el sector ambiental, que a la par de las acciones de seguridad en el marco de la Operación Artemisa, la gran apuesta es invertir en las comunidades para lograr la transición hacia economías sostenibles. Esto se traduce en la ampliación de la estrategia de pago por servicios ambientales y acuerdos de conservación.
De hecho hace una semana, Minambiente firmó un pacto en el municipio de Puerto Concordia, sur del Meta, con 63 aserradores que se comprometieron a acabar su histórica actividad deforestadora y a sumarse a proyectos sostenibles y de conservación del bosque que incluyen la construcción de un vivero con una inversión de $515.000.000 en el que inicialmente 30 campesinos que se dedicaron durante años a la tala de árboles ayuden a producir 210.000 plántulas al año.
“La presencia de la fuerza pública a través de la Operación Artemisa es clave para recuperar la institucionalidad históricamente ausente en la Amazonia. Sin embargo, la única forma de derrotar a largo plazo a la deforestación es crear capacidades en las comunidades indígenas y campesinos”, explica José Yunis, coordinador del programa Vision Amazonia.
Como parte del programa de Vision Amazonia se han abierto ocho líneas de créditos verdes en convenio con el Banco Agrario para que pequeños productores en Caquetá y Guaviare transformen su actividad productiva.
Precisamente el Banco Agrario anunció el pasado 25 de febrero que queda prohibido realizar préstamos a proyectos en parques naturales y zonas protegidas, y en general en cualquier lugar del territorio nacional, que impliquen actividades de deforestación o talas ilegales de bosques, algo que ya había planteado desde 2015 pero apenas hizo oficial mediante circular interna.
“Tenemos una base de datos de cédulas catastrales que están en zonas protegidas y además vamos a trabajar para consultar todas las bases de datos de veredas que estén en zonas protegidas. No puede salir un solo crédito con destino a proyectos productivos en parques naturales”.
No obstante, tanto expertos como Rodrigo Botero y organizaciones como Ambiente y Sociedad piden al Banco y al Gobierno afinar esta decisión y facilitar la información para georreferenciar los predios que recibieron préstamos y así hacerles seguimiento, y también evitar sesgos en las bases de datos que perjudiquen a campesinos que no tienen relación con esta problemática, que viven en veredas cerca a áreas protegidas y que precisamente esperan apoyo financiero para convertir su actividad en proyectos sostenibles.
Finalmente, sobre la deforestación de áreas protegidas, Parques Nacionales, bajo la dirección de Orlando Molano, señala que entre sus estrategias está el fortalecimiento de producción de material vegetal a través de 47 viveros y la construcción 11 megaviveros en los parques nacionales más afectados (La Macarena, Yariguíes, Guanentá, Cocuy, Chingaza, Sierra Nevada de Santa Marta, Tinigua) y lograr así la restauración de 21.000 hectáreas en 2021, lo que supondría restaurar en apenas un año lo logrado en una década
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