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Incorporar a las empresas en la lucha contra la corrupción, formalizar el empleo y fomentar más la educación son los grandes diques para contener un delito que atenta contra el patrimonio público, también desde orillas privadas. Así lo concluyeron ayer los representantes de los organismos de control del Estado, en la última jornada del Congreso 2017 de Confecámaras, en Cartagena.
La Fiscalía General de la Nación logró judicializar a 998 servidores públicos y privados en lo que va del año, mediante el programa Bolsillos de Cristal. En esos casos, estaban en juego recursos públicos por 1,9 billones de pesos.
“No se puede recuperar la ética nacional, si persiste la creencia de que solo los organismos de control batallan la corrupción, delegados por la sociedad”, dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Por su parte, el procurador Fernando Carrillo, mencionó que no hay una fórmula clara para acabar con un “fenómenos que nace, crece, se reproduce y no muere”, pero un escenario de informalidad fomenta la ilegalidad y los índices de impunidad.
Para él, la interferencia del interés particular en la tarea de lo público es una “patología” que distorsiona el desarrollo y las reglas de juego económicas, al multiplicar la desigualdad, agudizar la pobreza, deslegitimar el Estado y dificultar la competencia.
“Lo único que no hemos intentado contra la corrupción es incorporar al sector privado, en el ámbito de la contratación y la relación con las campañas políticas”, indicó el jefe del Ministerio Público.
Para los entes de control está claro que ejercer desde el sector privado más controles al celebrar contratos con el Estado consolidaría una institucionalidad más transparente.
A su turno, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, aseguró que “no hay conducta del servidor público en cuanto a corrupción que no cuente con el concurso del privado”. Agregó que el país no necesita una norma más, sino mayor compromiso, para proceder a una lucha frontal contra este flagelo.
En ese sentido, en junio de este año, los principales gremios del país firmaron un pacto por la transparencia, al que se vinculó la red de cámaras de comercio del país.
Esa declaración busca ser punto de partida de un plan de acción que identifique de manera preventiva conductas o prácticas de corrupción en los sectores económico.s.
*Invitación de Confecámaras.