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Ecopetrol presentó una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adquirir el 51,4 % de las acciones en circulación de Interconexion Eléctrica (ISA).
La movida fue autorizada el pasado viernes por la junta directiva de la petrolera, cuando se autorizó al representante legal de la compañía para presentar dicha oferta, cuyos términos no fueron revelados.
En información relevante enviada a la Superintendencia financiera, Ecopetrol señaló que se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual será informada oportunamente al mercado, a través de la superintendencia.
Tras el anuncio que se conoció en la madrugada de este lunes, el precio de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) observaba durante la mañana una contracción de 1,18 %, pues arrancó la jornada en 2.633 pesos y bajaba hasta 2.602 pesos.
Por su parte, la especie de ISA acumulaba una valorización de 2,2 % al iniciar la rueda bursátil en 21.820 pesos y llegando a las 10 y 50 de la mañana a 22.300 pesos.
Con el último precio de la acción de ISA de 22.300 pesos, el 51,4 % de las acciones de la Nación en esa compañía, unas 569,47 millones, tendrían un costo de 12,69 billones de pesos.
De otro lado, vale anotar que el pasado miércoles Ecopetrol presentó un escrito de oposición a la solicitud de medida cautelar formulada dentro de una acción popular a la que fue vinculada como demandada mediante auto notificado el 21 de julio.
La acción popular cursa en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y fue interpuesta por la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportunidad (Dilo Colombia). La medida cautelar tiene como propósito que el Tribunal ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a Ecopetrol “...abstenerse de continuar el proceso de enajenación de la propiedad accionaria de la Nación en ISA a favor de Ecopetrol...”.
En el escrito, la petrolera se opone a la medida cautelar solicitada, pues considera que no tiene asidero legal. En su escrito, Ecopetrol puso de presente los argumentos técnicos, financieros y jurídicos que demuestran que la Fundación Dilo Colombia no cumplió con los requisitos que la ley exige para que dichas medidas sean decretadas.
Además, explicó que la operación proyectada está permitida por la legislación colombiana, maximiza beneficios para la Nación y para Ecopetrol, y no amenaza y no vulnera ninguno de los derechos colectivos invocados por la accionante.