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Desde las nueve de la mañana de este jueves se realiza un debate de control político sobre la situación financiera de Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuya citante es la concejal Paulina Aguinaga.
El primero en hablar fue el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien expuso la importancia histórica de la compañía para el municipio, toda vez que desde 1955 ha entregado excedentes del orden de 16,6 billones de pesos.
Sostuvo que entre ese año y 2002 la cifra alcanzaba los $1,1 billones, pero una vez que empezó la expansión nacional de EPM, entre 2002 y 2010, las transferencias ascendieron a $2,9 billones.
En tanto, de 2010 en adelante, complementó, los excedentes suman $12,6 billones gracias a la llegada al mercado internacional.
Según el gerente, actualmente EPM posee 8.559.030 clientes, 15.498 colaboradores y 33.247 empleos externos generados a través de sus diferentes operaciones y las inversiones se ubican en $8,9 billones entre firmas controladas y no controladas.
“Las inversiones han generado recursos de $11,3 billones al grupo”, adhirió.
Actualmente, refirió, la empresa tiene una deuda que asciende a $25 billones, y por su lado, los ingresos y las utilidades crecieron 5,7 % y 19 %, respectivamente, entre el 2016 y el 2020.
Reparos
En ese contexto la concejal Aguinaga subrayó que uno de los retos para EPM es el flujo de caja porque “en el corto y mediano plazo depende principalmente de la contingencia de Hidrotuango, el cobro de indemnizaciones por pólizas de seguro y los efectos generados por la covid-19”.
De paso, aseguró que la hidroeléctrica mencionada “ha sido víctima de los tiempos políticos pero queda la duda de si cuadran con los tiempos técnicos” y llamó la atención por las demoras en la presentación del peritaje exigido por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para levantar una medida preventiva dictada en la Resolución 820 del 1° de junio de 2018.
“Vemos que año tras año las fechas se han venido corriendo y que la última unidad de generación nos la corrieron de 2024 a 2025”, comentó Aguinaga en relación al proyecto.
Agregó que los sobrecostos de la obra, por $7,1 billones, significan casi media reforma tributaria como la que planteó el Gobierno en días pasados y que, según cifras suministradas por el propio EPM, “los ingresos que se han dejado de facturar por los retrasos de Hidroituango ascienden a $6,46 billones”.
En tanto, al hablar de filiales acotó que en el caso de la hidroeléctrica Bonyic, en Panamá, ha habido pérdidas de unos $2,6 billones entre 2010 y 2020 y no ha arrojado las utilidades proyectadas. “Es una hidroeléctrica que costó casi seis veces lo presupuestado”.
Además, sobre Ensa, también en Panamá, exaltó que en los últimos años las utilidades han decrecido y allí se han invertido unos $513.000 millones.
Respecto a la situación financiera, dijo que “sigue siendo delicada” toda vez que haciendo la comparación de 2001, a 2020 los ingresos crecieron 5,24 veces, mientras que en ese mismo lapso los costos aumentaron 8,04 veces.
“Solamente una empresa resiste estos problemas de improvisación, falta de austeridad, burocracia y malas inversiones en el exterior porque tiene una ciudadanía que paga cumplidamente su cuenta de servicios”, dijo por su parte el concejal Luis Bernardo Vélez, al analizar la responsabilidad que tiene EPM con los medellinenses.
Por su parte, Diana Carolina Torres, contralora municipal, advirtió que el año pasado, tras diálogos con EPM, se permitió a esa entidad demostrar que “sí tiene la competencia para auditar las inversiones internacionales y solicitar información” de la compañía en esta materia.
Según ella, en 2020 hubo 33 auditorías a EPM y este año se esperan hacer unas 29.
“La Contraloría de Medellín evaluó estados financieros y presupuestos de EPM para la vigencia 2020 y la conclusión es que la gestión financiera 2020 arrojó una calificación de 90 % que la ubica en nivel favorable”, finalizó Torres.