El debate que separa a las grandes firmas y mipyme

Importaciones, endeudamiento de las compañías, informalidad, y el precio de bienes y servicios subirían, según la Andi.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y Rosmery Quintero, presidente de Acopi, son los líderes principales de estas propuestas que se ven contrarias en el proyecto de ley. FOTO Colprensa

Por limitar la libertad empresarial afectar la economía, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) envió al Congreso de la República su postura sobre la propuesta hoy establecida de la ley de pronto pago o pagos justos; lo que deja en entre dicho la relación con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) del país, que denuncian tener un acuerdo de buenas prácticas desde hace 15 años con las grandes compañías y los comercios sobre sus pagos que no se cumple en la realidad.

Hoy hay tres iniciativas, aunque la más avanzada, ya aprobada en Cámara de Representantes y a la espera de avanzar en el Senado, es del partido Alianza Verde.

Esto afectaría la competitividad “temas como el cambio constante en las reglas de juego, la difícil adaptación de las empresas a los cambios en regulación, una mayor inflexibilidad que puede impactar las relaciones comerciales y por ende las cadenas productivas”.

Además, la Andi señala que en el fondo estos acuerdos promueven la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones en la proveeduría, el incremento del endeudamiento, lo que “al final, encarecería los precios (...) con serios riesgos de aumentar la informalidad”.

Sobre todo, un aspecto que se desconocería con esta ley es la naturaleza de cada negocio, dice la Andi, por ejemplo el sector agrícola se tendría un menor impacto —por la constante rotación de productos y facturas—.

Esta situación dista de las actividades manufactureras al “tener procesos productivos más largos y complejos”. Así si la rotación y su proceso se lleva a cabo en mayor intervalo al del plazo que dicta la ley se afectaría la operación y la sostenibilidad de las compañías.

Todo esto cobra aún más sentido, de acuerdo con el gremio liderado por Bruce Mac Master, si se tiene en cuenta que “si a las grandes empresas se les exige un menor plazo de pago a sus proveedores, esto afectaría sus costos, lo que podría traducirse en el traslado de parte de estos mayores costos al precio de transacción”, o sea al consumidor final.

Qué dicen las mipyme

Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) se mostó sorprendida de “los argumentos que utiliza la Andi, de distracción de un proyecto tan importante dirigido a beneficiar al segmento más relevante del tejido empresarial”.

El problema que reseña esta líder es que las compañías de menor tamaño “estamos siendo sometidas ante el poder de grandes compradores, que colocan las condiciones de pago, 120 días o hasta más de 180 días lo que afecta el flujo de caja y las posibilidades de responder con impuestos como el IVA” —de hecho, reseñó que esa es la razón por la cuál también se está presentando un proyecto de IVA a plazos justos—.

Por eso la propuesta es que se den los plazos máximos de pago queden en 60 días en los 3 años de ser promulgada la ley, y 45 días al sexto; y si hay retrasos se dé un interés por morosidad, indemnización por todos los costos, si se acreditan los daños y perjuicios; el ente regulador sería la Superintendencia de Industria y Comercio.

Quintero sostuvo que lo que se está pidiendo “no solo incluye al sector privado, sino se extiende la misma responsabilidad de entes públicos”. Según reconoció la líder, la propuesta acoge algunos aspectos de otras iniciativas legislativas, que han propuesto sobre el mismo tema César Lorduy, de Cambio Radical, y Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático.

“Lo normal es que el mercado se autorregule, pero la Constitución dice que como las empresas están haciendo un aporte social y económico si no tienen la oportunidad de desenvolverse porque hay un abuso o una posición dominante, el Estado debe entrar a regular y esto es lo que está ocurriendo”, dijo Quintero.