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Regalías le darán un impulso al desarrollo local
Según el Gobierno, las regiones tendrán más de $15,7 billones disponibles para inversión social directa, entre 2020-2021.
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En Antioquia los municipios productores de oro del Nordeste y Bajo Cauca figuran entre los más beneficiados con la reforma al sistema general de regalías. FOTO Juan Antonio Sánchez
01 de octubre de 2020
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Con la sanción de la ley que modificó el funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), el presidente Iván Duque aseguró que las zonas productoras de minerales e hidrocarburos recuperarán la confianza para ejecutar programas de desarrollo y satisfacer las necesidades básicas insatisfechas.
Según el mandatario, con esta reforma empieza a operar una nueva herramienta de reactivación, la cual estará sumando en los próximos dos años recursos valiosos que van a apuntalar gran parte de la transformación social y económica de los territorios colombianos.
En ese contexto, explicó que con la norma que reglamentó la reforma al SGR, aprobada por el Congreso, los municipios y departamentos del país tendrán más de 15,7 billones de pesos disponibles para inversión social directa, entre lo que queda de 2020 y el 2021.
Duque añadió que la cifra incluye partidas directas para las regiones productoras, las cuales se estiman en más de 3,8 billones de pesos, la asignación local que recibirán los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas por cerca de 2 billones, recursos para la inversión regional por más de 5,2 billones de esos y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico.
Las bondades
Para Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, la modificación al régimen de regalías provenientes de la producción de minerales e hidrocarburos le permitirá a las poblaciones recibir los recursos y ejecutarlos de una manera ágil en las prioridades que tengan definidas los planes de desarrollo local, sin las trabas que imponían los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad).
“Los Ocad eran un verdadero obstáculo que llevaba a que un proyecto se demorara hasta tres años para ser aprobado y ejecutado, ahora los municipios podrán poner en marcha directamente los recursos”, expresó Toro.
En esa línea, el presidente Duque resaltó el fortalecimiento de la descentralización de las entidades territoriales al pasar de tener 1.152 Ocad a solo ocho. “Llegarán más recursos a las regiones y a las comunidades, y se reducen drásticamente los Ocad para que estén realmente enfocados en su mínima proporción” (ver Informe).
A su turno, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), manifestó que la sanción presidencial pone en marcha una ley muy importante para el país y las regiones productoras de hidrocarburos, que les permitirá canalizar más recursos, con menos trabas.
“El desafío está en que se destinen a proyectos estratégicos, con total transparencia. Solo así los recursos del subsuelo se convertirán en un instrumento de desarrollo social. Estamos en un punto de inflexión: en las décadas siguientes, el país avanzará en un proceso gradual de transición energética, de nosotros depende si aprovechamos bien los recursos hidrocarburíferos, o no”, anotó Lloreda.
Cuidado en la destinación
Por su parte, el experto en temas mineros, Eduardo Chaparro Ávila, confió en que se cumpla el propósito central de la reforma: regresar a las regiones lo que en su momento, debido a la ineficiencia administrativa y a la corrupción, se les había retirado y concentrado en otro mecanismo.
“Sería de esperar que ahora las regiones, viendo directamente el producto de las regalías, tengan una actitud distinta en su manejo. Habrá que estar atentos al fin que se les dé a esos recursos”, dijo Chaparro.
Desde la óptica del exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, el medioambiente salió bien librado de esta reforma, pues el 1 % de los recursos del SGR corresponderán a la Asignación Ambiental, la cual tendrá por objeto “la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación”.
Además, el Sistema Nacional Ambiental (Sina) integrado por las corporaciones autónomas regionales, bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente, tendrá la responsabilidad de trazar y coordinar la estrategia nacional de protección de las áreas ambientales estratégicas.
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