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Los pueblos de Antioquia que tienen saldo financiero en rojo
En 2018, Murindó, Nariño, San José de la Montaña, Tarazá y Yalí fueron los municipios del departamento que se rajaron en el indicador de la Ley 617.
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Panorámica de Tarazá, uno de los municipios en alto riesgo financiero. FOTO ESTEBAN VANEGAS
18 de junio de 2019
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Gastar menos de lo que se gana. Esa premisa tan presente en los portales de finanzas personales también se aplica para las cuentas de las administraciones municipales en el país.
En este caso la vigilancia está a cargo de la Gobernación de Antioquia y de la Contraloría departamental, quienes revelaron el listado de los cinco municipios en Antioquia que se rajaron en el tema financiero en el 2018 y alertaron sobre 13 más que están ad portas de mostrar números en rojo.
Los casos más delicados en el 2018 fueron los de Murindó, Nariño, San José de la Montaña, Tarazá y Yalí, todos municipios por fuera del área metropolitana y con calificación de sexta categoría. Estas localidades incumplieron el indicador de la Ley 617 de 2000, que es la norma que racionaliza el gasto público para las entidades descentralizadas.
¿Qué implica?
La norma es clara y las matemáticas son básicas. Un municipio de sexta categoría, que son los que tienen menos de 10.000 habitantes y que tienen presupuesto menor a 12.500 millones de pesos, no puede gastar más del 80 % del presupuesto en gastos de funcionamiento.
Incumplir este indicador representa estar en el ojo tanto de la Gobernación como de la Contraloría. Ambas entidades deben, según la ley, adelantar un programa de saneamiento para que el municipio obtenga los porcentajes autorizados.
Si al término del programa de saneamiento el municipio no ha logrado cumplir con los límites establecidos en la presente ley, la Oficina de Planeación Departamental someterá a consideración del Gobernador y de la Asamblea un informe sobre la situación financiera del municipio a fin de que esta última ordene la adopción de un nuevo plan de ajuste, dice la Ley 617 en el artículo 20.
Si la situación no mejora en dos años fiscales consecutivos, la administración departamental puede, incluso, ordenar que el municipio ceda la ejecución de algunas obras o que se fusione, es decir, que el territorio pase a formar parte de otro municipio.
Además, los pueblos con riesgo financiero tienen problemas para acceder a créditos y para lograr desembolsos que hacen parte del presupuesto que les otorga el Gobierno Nacional. El tema es más complejo si se tiene en cuenta que en los años de elecciones regionales y cambio de gobierno, como es el caso de este 2019, las administraciones suelen excederse en gastos para tratar de finiquitar la mayor cantidad de obras y promesas que hacen falta por cumplir en el cuatrienio.
Gobernación acompaña
El Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia señaló que es importante aclarar que los gastos de funcionamiento están por fuera de los proyectos de inversión y tienen que ver con el pago de nómina y las obligaciones del municipio.
“La dependencia acompaña y pone al servicio de los municipios profesionales que los asesoran y monitorean las acciones para que mejoren las cuentas y equilibren la balanza. Es difícil porque el margen de maniobra de los municipios de sexta categoría es poco porque tienen muchas obligaciones y muy pocos ingresos”, indicó Ofelia Elcy Velásquez, directora de Planeación departamental.
Alcaldes responden
Para ningún alcalde es una buena señal aparecer en la lista de municipios que incumplen la Ley 617.
Carlos Arturo Marín, mandatario del municipio de Nariño (Oriente antioqueño), explicó que el pago de dos demandas contra el municipio los puso contra las cuerdas en términos financieros.
“Nosotros (el municipio) en 2018 tuvimos que pagar dos demandas que venían desde hace más de 20 años y que todos los alcaldes anteriores le habían hecho el quite. Eso fueron más de $400 millones y por afrontar el problema nos vimos perjudicados, hemos rebajado los gastos hasta más no poder pero no alcanzamos a cumplir”, declaró.
Jorge Eliécer Maturana, alcalde de Murindó, esgrimió una defensa similar a la del mandatario de Nariño.
“La situación es muy clara. El incumplimiento obedeció a cuatro demandas contra el municipio que cayeron en mi administración por más de $1.500 millones. La única opción era pagar. Eso influyó en que no pudiéramos cumplir pero para el 2019 estamos saneados fiscalmente”, declaró.
Además de los cinco municipios mencionados, otros 13 están en alerta de riesgo fiscal por superar el 75 % en esa relación entre gastos e ingresos: Anzá, Alejandría, Buriticá, Caracolí, Carolina del Príncipe, Guadalupe, Puerto Nare, San Pedro de Urabá, San Roque, Titiribí, Vigía del Fuerte, Yarumal y Yolombó.
Incumplir el indicador, explican desde Planeación, no siempre implica procesos fiscales o multas por parte de los organismos de control.
Cada uno de los municipios debe justificar el porqué superó los topes determinados por la ley que busca que las administraciones no le entreguen un municipio quebrado o inviable financieramente a los políticos sucesores.
Las autoridades esperan que este llamado de atención sirva y que se cumpla el mismo precedente del año anterior cuando Nechí, La Pintada y Heliconia superaron el tope de gastos en 2017 pero adoptaron medidas de saneamiento y en 2018 salieron de la lista.
Ofelia Elcy Velásquez dice que es difícil que algún municipio deba adherirse a otro por falta de capacidad de pago.
“El estado de alerta en el que están los municipios no da para que desaparezcan. Por eso se realiza el acompañamiento y la idea es que fortalezcan sus competencias, reduzcan el gasto y aumenten los ingresos para que puedan terminar el gobierno sin mayores contratiempos”, dijo.
80 %
de los municipios en Antioquia son categoría 6, es decir, los de menos recursos
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