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Por María Bibiana Botero C.*
Las discusiones sobre si es oportuna, justa o necesaria la reforma tributaria que presentó el nuevo gobierno, con mensaje de urgencia, están caminando en todos los niveles y sectores del país: desde pequeñas empresas hasta grandes capitales, pasando por inversionistas, empleados, tiendas de barrio y los hogares colombianos.
El debate está rodeado por un mar de tecnicismos, cifras billonarias, contrapropuestas, expectativas de cambio y, hay que decirlo también, mucha incertidumbre.
Más allá de estas consideraciones y de la turbulencia política, hay un asunto que entra en escena y concentra la atención de este escrito: la vigilancia y el buen uso que tendrán los recursos que se recaudarán.
La corrupción en nuestro país ha sido un virus resistente, dañino, peligroso. Sin vacuna. El periódico El País de España la califica como el agujero negro de Colombia. Según un sondeo publicado por este mismo diario (2022), 80 % de los colombianos cree que ese es nuestro mayor problema, por encima de la pobreza, la desigualdad y el desempleo.
Y es que, además de llevarse los recursos públicos a bolsillos de particulares, que se enriquecen a costa de la vulnerabilidad de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza, la corrupción ha arrasado con la confianza y la credibilidad en nuestras instituciones.
El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional (2021) ubicó a Colombia en el puesto 87 entre 180 países. La calificación fue de 39 puntos de 100 posibles. ¡Llevamos una década estancados en los resultados! Este mediocre puntaje lo compartimos con Etiopía, Surinam, Tanzania, Kosovo y Vietnam. En América Latina estamos detrás de Chile, Costa Rica y Uruguay.
Según ese índice, uno de cada tres encuestados consideró que alguno de los congresistas colombianos estaba envuelto en corrupción, y dos de cada tres, que la mayoría de ellos lo estaba. Cuando se les preguntó si para acceder a servicios públicos les solicitaron dinero, 15 % afirmó que había pagado; 12 % pagó sobornos a funcionarios de la rama judicial y 10 % a los del sistema de salud. Quienes lo hicieron justificaron su accionar al decir que aspiraban a que los servicios se prestaran más rápido. ¡Aterrador!
Una realidad que es imposible desconocer y que pone en riesgo el funcionamiento del Estado, la democracia y el día a día de cada colombiano.
Esta ambiciosa reforma tributaria y el millonario recaudo al que aspira —25 billones de pesos anuales— deben asegurar que cada impuesto que paguemos, ciudadanos de altos y bajos ingresos, disminuya las brechas sociales y que esa plata no se “pierda” en el camino.
El incremento de la presión fiscal debe acompañarse de racionalización del gasto y medidas efectivas contra el clientelismo y la corrupción.
Porque la obligación del Estado, cuando a una sociedad se le pide un gran esfuerzo económico, es mitigar las probabilidades de que esos recursos públicos se pierdan.
La urgente agenda social, que tiene el tamaño de las necesidades de los colombianos, necesita una lucha efectiva contra la corrupción y de una sociedad civil en vigilia permanente. Cada peso importa.
* Presidente ejecutiva de Proantioquia.
