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Michael Reed Hurtado
Columnista

Michael Reed Hurtado

Publicado el 28 de diciembre de 2015

Circuitos ilegales de protección y seguridad

Estamos acostumbrados a pensar en la criminalidad organizada como un contrapoder, una organización que debe ser opuesta, debido a que ataca al Estado. Pero, ¿qué pasa cuando se estabilizan relaciones de convivencia, sea por conveniencia o por estrategia, entre la ilegalidad y las autoridades? ¿Qué pasa cuando esa alianza se estructura en torno a la seguridad y la protección de una zona o de un mercado?

En el caso más extremo podríamos estar ante un Estado criminal. No creo que ese sea el caso colombiano. Sin embargo, no hacer parte del club de los peores del mundo, tampoco debe ser objeto de celebración. La situación colombiana es gravísima. La consolidación de arreglos o circuitos de seguridad y protección ilegales en amplias zonas del país para garantizar el saqueo de recursos debería motivar una reacción social y política contundente. Esta debería buscar desestabilizar la rosca coercitiva-extorsiva que aflora en medio de la corrupción y la desviación del poder público, especialmente en zonas de bonanza económica.

La regulación de diversos mercados (legales e ilegales) se determina no mediante la ley y su aplicación, sino mediante el uso de violencia y la amenaza. La estabilización del uso de la violencia como fuente de regulación social califica la realidad de muchas regiones colombianas. La violencia, por encima de las instituciones sociales y políticas, ha demostrado su efectividad para regular relaciones y transacciones.

El elemento de preocupación en la actualidad es que, a través de los años, el Estado ha aumentado su capacidad coercitiva y para hacer cumplir la ley sin que estos esquemas de seguridad ilegal hayan desaparecido. De hecho, en amplias zonas de Antioquia, Córdoba y Meta, solo para dar unos ejemplos, las autoridades omiten sus responsabilidades o despliegan su poder de manera selectiva para afectar a los rivales de una organización criminal aliada. Aunque no exista evidencia de una gran conspiración o de una alianza centralizada entre Estado y criminalidad organizada, en el nivel local, la actuación y la omisión de ciertas autoridades asumen rasgos delincuenciales.

La nuez del asunto es la siguiente: en la medida en que el Estado se fortalece, su capacidad para hacer cumplir la ley también incrementa. Deberíamos poder asumir que los esquemas coercitivos-extorsivos de seguridad deberían disminuir en las zonas de control estatal. Pero, no lo han hecho.

Es hora de poner freno a esas dinámicas y arreglos que corroen el poder público. En el mejor de los casos, las roscas formadas entre criminalidad organizada y autoridades responden exclusivamente a lógicas de corrupción local y de aprovechamiento propio. Dado que se derivarían de factores individuales y propios de la disposición subjetiva de los participantes, estas podrían ser combatidas mediante la administración de justicia penal y la depuración administrativa. Sin embargo, si estos circuitos o roscas de seguridad ilegal responden a una relación simbiótica entre agentes estatales y criminales, o responden a factores organizacionales y situacionales, la aplicación del derecho penal no será suficiente y se requerirán medidas extraordinarias para extirpar la ilegalidad del ejercicio del poder público.

En zonas de explotación minera, en el comercio de mercancía pirata y de contrabando, y en regiones productoras de coca, estos arreglos se encuentran arraigados y son aparentes. De manera menos abierta, la delegación de seguridad también se afianza en otros campos. El daño social es inmenso y la contaminación del poder público se extiende.

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